Defensoría de Derechos de la Infancia acusa fallas de supervisión de la SEP por caso Dafne; pide prevenir actos de violencia

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales carecen de mecanismos efectivos para supervisar escuelas particulares, detectar planteles que operan sin autorización y prevenir actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, una situación que, afirmó, quedó evidenciada tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en una academia militarizada de Tamaulipas.

En un comunicado, señaló que la Academia Militarizada de Marina Doenitz, donde estudiaba Dafne Zapata Quintos, aparece registrada ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas para prestar servicios educativos de nivel secundaria con la clave 28PST0049L.

Por ello, sostuvo que la autoridad educativa estatal tenía la obligación de supervisar que el plantel operara dentro del marco jurídico educativo vigente.

Indicó que incluso en los casos en que una escuela no cuente con autorización oficial, corresponde a las autoridades educativas detectar por sí mismas o en coordinación con otras instancias aquellos establecimientos que ofrecen servicios educativos sin autorización.

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El pasado 27 de julio el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que la educación militarizada no está autorizada ni por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante ello, la ODI planteó que la discusión debe centrarse también en las obligaciones de supervisión y protección que corresponden a las autoridades cuando niñas, niños y adolescentes participan en actividades educativas, recreativas o extraescolares.

Sostuvo que actualmente no existen mecanismos efectivos de supervisión a nivel federal y recordó que distintas autoridades han llamado la atención a la SEP sobre esta situación durante los últimos años.

Entre los antecedentes mencionó que en 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a la SEP por la falta de supervisión efectiva en escuelas públicas de nivel preescolar.

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También recordó que en 2022 una resolución declaró responsable solidaria a la SEP y ordenó a la dependencia generar mecanismos efectivos de supervisión escolar para prevenir actos de violencia.

Expuso que en 2024 la CNDH reiteró observaciones a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por deficiencias legales y prácticas en la supervisión de una escuela particular donde ocurrieron actos de violencia contra niñas y niños.

La ODI afirmó que ha informado a la SEP en diversas ocasiones sobre la necesidad de revisar y, en su caso, modificar los mecanismos de supervisión de escuelas particulares, sin que hasta la fecha se haya realizado ese análisis.

De acuerdo con la organización, las autoridades educativas encargadas de supervisar a particulares que prestan servicios educativos a niñas, niños y adolescentes suelen intervenir cuando los casos ya se han vuelto mediáticos.

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Afirmó que la SEP y las autoridades educativas locales carecen de mecanismos efectivos para detectar establecimientos que operan o se ostentan como escuelas privadas sin autorización; identificar planteles que incumplen la normativa educativa o rebasan los permisos otorgados; y hacer cumplir con rapidez la legislación educativa.

La ODI señaló que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia que pudiera ser ejercida por empresas o particulares.

Añadió que la legislación mexicana también obliga a la SEP y a las autoridades educativas estatales a supervisar a quienes prestan servicios educativos para evitar vulneraciones a derechos.

Sin embargo, advirtió que actualmente no existe una coordinación adecuada entre la SEP, las autoridades educativas locales y otras instancias administrativas que podrían intervenir en la detección de irregularidades.

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Entre ellas mencionó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), autoridades de verificación administrativa y organismos de protección civil.

Agregó que tampoco existen mecanismos de supervisión efectiva para establecimientos o empresas que mantienen contacto con niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir actos de violencia o daños a su integridad.

Dijo que el feminicidio de Dafne Zapata demuestra los riesgos a la vida e integridad a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes por la falta de supervisiones efectivas y de coordinación entre autoridades.

También mencionó las denuncias por actos de violencia contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, como otro caso reciente que evidencia riesgos asociados a la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión.

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La ODI llamó a la SEP y a las autoridades educativas estatales a revisar y, en su caso, reformar los mecanismos de supervisión de escuelas privadas para prevenir cualquier tipo de violencia.

También solicitó revisar y en su caso modificar los mecanismos de detección, medidas urgentes o cautelares y sanciones para aquellos establecimientos que, sin estar autorizados, se ostentan como escuelas.

Además pidió a las autoridades mexicanas generar mecanismos de coordinación para la prevención y detección de irregularidades, así como de supervisión efectiva a establecimientos privados que prestan servicios educativos o extraescolares a niñas, niños y adolescentes.

Exhortó a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a realizar una investigación diligente sobre la muerte de Dafne Zapata, determinar la responsabilidad de autoridades y particulares involucrados, y garantizar medidas de reparación integral.

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