“Defender derechos de la audiencia no equivale a censura”: Monreal; propuesta coloca al ciudadano en el centro

Para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, los lineamientos para la protección del derecho de las audiencias impulsados por el gobierno federal no son una iniciativa nueva ni representan un riesgo de censura o control hacia los medios.

En entrevista, como parte del debate sobre el derecho de las audiencias convocado por EL UNIVERSAL, sostiene que estas garantías están reconocidas en la Constitución desde 2013 y que la propuesta actual busca fortalecerlas, colocando a los ciudadanos en el centro de la relación con los medios de comunicación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) asegura que “defender los derechos de la audiencia no equivale a defender la censura. Eso es falso”. Enfatiza que ningún lineamiento administrativo puede estar por encima de la Carta Magna y, en caso de cualquier exceso regulatorio, existen vías legales de defensa como el juicio de amparo o las acciones de inconstitucionalidad.

Rechaza las propuestas de la oposición para regular las mañaneras. Define a esta conferencia como un derecho constitucional del Ejecutivo para informar sobre sus políticas públicas y como una herramienta legítima de réplica frente a la desinformación.

En términos generales, ¿qué opina de los lineamientos para la protección del derecho de las audiencias? Hay un gran debate al respecto.

—He visto algunas notas, comentarios y declaraciones de personalidades que para mí son interpretaciones imprecisas. Este tema no es nuevo, los derechos de las audiencias forman parte de nuestro orden jurídico desde hace más de una década, concretamente desde 2013 fueron incorporados al artículo sexto constitucional, en 2014 quedaron desarrollados en la ley secundaria; posteriormente, en 2017 se modificó su regulación y en 2022 la Suprema Corte invalidó aquella reforma. Finalmente, en 2025, por una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso aprobó una nueva ley en materia de telecomunicaciones y difusión. Esta modificación lo único que hace es fortalecer este derecho de las audiencias. Por tanto, lo que hoy está a discusión no es una nueva iniciativa ni tampoco algo que censure ni controle a los medios, son lineamientos que permiten fortalecer y hacer efectivos estos derechos que ya están reconocidos por la Constitución y por la ley.

Entonces, ¿estas voces que afirman que los lineamientos son un riesgo latente para la libertad de la expresión y abren la puerta a la censura no están en lo correcto?

—No, constituyen un avance que debemos defender con responsabilidad y con absoluto respeto a las libertades de expresión, prensa y opinión. Lo que se busca es reconocer derechos a quienes reciben la información, y esto no significa censurar a quienes la producen o la difunden. México necesita medios libres, críticos e independientes, y necesita, al mismo tiempo, una ciudadanía bien informada con derechos claramente establecidos y mecanismos para ejercerlos. Defender los derechos de la audiencia no equivale a defender la censura, eso es falso. Como legislador no acompañaría ninguna disposición que pretenda establecer censura previa ni tampoco limitar injustificadamente la crítica al poder público o facultar al gobierno para determinar qué opiniones pueden expresar. No, la Constitución protege la libre manifestación de las ideas y la libertad de difundir opiniones o información.

¿Sabe cómo va el proceso de consulta en el país?

—La participación registrada demuestra el interés que existe sobre el tema. Creo que al corte de ayer [10 de agosto], se habían recibido 2 mil 047 comentarios provenientes de mil 942 participantes individuales. Entonces, sí es amplia esta participación, y por eso hacemos un llamado respetuoso a académicos, a especialistas en telecomunicaciones, a concesionarias, incluso a periodistas, columnistas, organizaciones de la sociedad civil, a las propias audiencias para que aprovechen estos días restantes y contribuyan a perfeccionar este instrumento jurídico-administrativo.

Hay quienes advierten riesgos de inconstitucionalidad en el tema de las multas, así como la existencia de conceptos ambiguos como el de “información descontextualizada”. ¿Considera que estos lineamientos deben quedar tal como están o deberían ser sujetos de un análisis?

—Yo creo que van a someterse a un análisis para que no haya ambigüedad y para que no haya una interpretación subjetiva. En términos generales, los lineamientos desarrollan tres grandes ámbitos: los derechos de las audiencias, las obligaciones de concesionarios y programadores respecto de estos derechos, y los mecanismos para su protección y ejercicio particular mediante las defensorías de las audiencias y los códigos de ética. Pero lo que le puedo decir es que la finalidad es colocar a las personas en el centro de la relación entre medios y audiencias, y hacer efectivos los derechos reconocidos por nuestro orden jurídico. Ninguno de los contenidos en los lineamientos puede ir más allá del contenido de la Constitución y la ley. Cualquier exceso puede impugnarse por la vía del amparo y por la vía de otros juicios, incluso de acciones de inconstitucionalidad. Eso debe de dejarse muy claro.

Pero como jurista y profesor de Derecho, ¿ve ciertas ambigüedades?

—Las leyes siempre son perfectibles y por eso creo que el ejercicio que se está realizando en estos momentos, de proponer enmiendas y proponer contenidos o modificaciones a los lineamientos, es muy importante. Estas casi 2 mil personas que han hecho uso de su derecho para opinar seguramente se van a procesar de manera correcta por la autoridad.

¿Usted rechaza tajantemente los comentarios de quienes afirman que los lineamientos representan un retroceso a la democracia?

—Yo respeto todo tipo de expresiones, actúo con tolerancia y escucho. A pesar de que no coincida con ellos los respeto. Pero también hay que hacer un llamado a evitar cualquier tipo de desinformación. Yo veo que se vigila y se deja en libertad la plenitud, de parte de los medios, a sus libertades editoriales, programáticas, de expresión.

¿Qué opina sobre esta propuesta de la oposición para regular las mañaneras?

—Es normal que la oposición exprese su desacuerdo con las mañaneras porque es un instrumento de réplica a tanta desinformación que se presenta y es una manera de que el Ejecutivo informe con nitidez y veracidad lo que está pasando en el país. Me parece que debe de mantenerse como está y que no les asiste la razón a los adversarios políticos. Es un derecho de la Presidenta de informar lo que el gobierno está haciendo.

¿No ve necesario que haya una regulación a la conferencia matutina?

—No, al contrario, nos parece que es un canal que debe de mantenerse con amplitud y que no debe de cercenarse el derecho del Ejecutivo federal a replicar o a informar sobre lo que está realizando.

¿Alguna conclusión?

—Es indispensable que los lineamientos sean claros, objetivos y resultado de esta consulta abierta. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abiertos canales. El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias es una oportunidad para escuchar a todos y establecer con seriedad la mejor fórmula para que no exista censura ni indefensión de las audiencias, y que se confirme la libertad de expresión, derechos y certeza jurídica. El Estado no debe decidir qué se puede pensar, decir o publicar, pero sí debe garantizar que los derechos reconocidos por el marco jurídico se ejerzan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.