La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancará 2026 con el análisis de un proyecto de sentencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, que plantea echar abajo la reducción del plazo de 12 a 6 semanas para acceder al aborto voluntario realizado en Aguascalientes, gobernado por la panista María Teresa Jiménez Esquivel, y que ya recibió críticas de la iglesia católica.
Son dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la exconsejera Jurídica de la Presidencia y ahora titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, y la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) contra la decisión del Congreso de Aguascalientes de penalizar la interrupción del embarazo, con el consentimiento de la mujer o persona gestantes, después de la sexta semana de gestación.
En la sesión del próximo seis de enero, Espinosa Betanzo propondrá al pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, invalidar la disminución del plazo al considerar que es desproporcionado, regresivo, criminaliza la interrupción del embarazo y vulnera el derecho a la salud de las mujeres.

“El sistema normativo cuestionado representa una reducción desproporcionada del plazo de doce semanas con que contaban las mujeres y personas gestantes para poder interrumpir su embarazo: el Congreso local determinó que se actualiza la conducta típica del delito de aborto cuando se interrumpe el embarazo, con el consentimiento de la mujer y/o persona gestante embarazada, después de la sexta semana de gestación” señala el ministro Espinosa Betanzo en su proyecto.
Acusa a las autoridades de Aguascalientes de no acatar diversos artículos tanto de la Constitución como del Código Penal local, respecto al reconocimiento de la vida desde la concepción y el andamiaje punitivo en torno al aborto, por transgredir los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.
“A pesar de esto, dicha entidad ha omitido acatarlas aun cuando son vinculantes: el órgano legislativo insiste en instaurar normas que violan frontalmente el parámetro de regularidad constitucional”, refiere el ministro en el documento publicado en lista de la Corte”, señala.
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Al respecto, en conferencia de prensa, la ministra Loretta Ortiz afirmó que hay jurisprudencia de la Corte sobre el tema del aborto desde hace cinco años, y, dijo, hay “varios estados de la República que han ajustado su legislación, sin embargo, tenemos otros muchos que no la han ajustado, que podríamos decir que están en incumplimiento de esta jurisprudencia de la Corte, porque es jurisprudencia obligatoria”, indicó.
En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que el abortó ya está despenalizado en el país desde 2023 y que su proyecto de sentencia tiene por objetivo revisar que se disminuyó el número de semanas para poder interrumpir legalmente el embarazo.
En editorial de ayer, la Arquidiócesis Primada de México refirió que el proyecto de sentencia de Espinosa Betanzo “está influenciado por una ideología muy clara, la de la cultura del descarte, para eliminar sin problema alguno al ser humano que se convierte en un obstáculo. No piensan en la mujer ni en el bebé, solo en “deshacerse de un problema de manera rápida y pragmática”.
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