Expertos de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional alertaron que la reforma para entregar todo el poder en puertos, tanto administrativo como de seguridad, a la Secretaría de Marina sería inconstitucional; además, se estaría militarizando las aduanas marítimas mexicanas y esto podría tener efectos económicos, porque podría ahuyentar a muchos barcos que busquen entrar al país, al no querer lidiar con elementos de las Fuerzas Armadas.
Los expertos subrayaron el poder que están adquiriendo los militares durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que, dijeron, beneficia el autoritarismo y disminuye la democracia.
“Si el aparato militar tiene capacidades intrínsecas especializadas y de administración para transferir responsabilidades de gobierno que actualmente se encuentran en manos de civiles, las eventuales deficiencias o fallas burocráticas deben corregirse echando mano de las virtudes militares, ese es el mensaje.
“Este silogismo expresado sólo abre la puerta a un golpe de mano, donde la figura e investidura presidencial quedará reducida a un pastiche civilista. Con la consolidación de patrones autoritarios, con el patrón de protagonismo militar ya establecido en la vida pública del país, estamos en la antesala de lo que significa graves retrocesos en la vida democrática del país”, consideró Erubiel Tirado, experto en seguridad y Fuerzas Armadas de la Universidad Iberoamericana.
Por su parte, Bárbara Stepien, doctora en derecho internacional y capitán de yates, dijo que de 150 países, solamente Argentina, Bolivia y Chile tienen a la Marina en procesos administrativos y alertó que barcos extranjeros podrían evitar los puertos mexicanos, pues el contacto cercano con la administración militar puede ser muy preocupante para las empresas extranjeras.
Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, comentó que es necesario realizar una reflexión sobre los costos y efectos que tendría trasladar el control de las costas, los mares y el comercio marítimo hacia una institución militar. Dijo que la iniciativa, en términos del equilibrio cívico-militar, tiene efectos graves, como la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional.
El representante de la organización Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante y Puertos, Rogelio Noé Garayzar Fernández, planteó evitar que las reformas violenten la Constitución; hay que hacer reformas que sean constructivas y lleven a tener oportunidades, se tienen que rescatar la economía, los empleos, cuidar y preservar la riqueza de los océanos.
El capitán Alfredo Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, dijo que la iniciativa presentada busca violentar el artículo 129 de la Constitución.
El comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Secretaría de Marina, José Luis Arellano Ruiz, sostuvo que Semar cuenta con los medios y la infraestructura, pero sobre todo, con la voluntad de poner orden y control, y cuenta con la capacidad para formar marinos mercantes competitivos, promover comercio y cumplir con los lineamientos y convenios nacionales e internacionales.
Javier Oliva Posada, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la dinámica geopolítica del país reclama una mayor presencia y responsabilidad del Estado mexicano a través de sus Fuerzas Armadas y consideró que la iniciativa atiende estas inercias.
La Armada de México, dijo, cuenta con los recursos humanos, infraestructura académica y tecnológica para hacerse cargo de las aduanas portuarias.
Marcos Pablo Moloeznik, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, dijo estar de acuerdo con la designación de la Marina como autoridad en materia de protección marítima y portuaria; sin embargo, externó su desacuerdo en otorgar a la Semar funciones de naturaleza administrativa. “Sólo contribuiría a expandir las atribuciones del poder naval de la Federación y a debilitar a la SCT”.
Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, consultor independiente en planeación estratégica, evaluación de proyectos y negocios en materia portuaria, indicó que el objetivo de contar con un transporte marítimo y un sistema portuario eficientes es dar al país capacidades para que compita eficientemente en el mercado internacional y aproveche las ventajas que el intercambio de bienes entre naciones genera para el desarrollo económico, que se refleja en la creación de empleos y la mejora del bienestar de la sociedad.