Consultarán a indígenas y afromexicanos

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para iniciar la consulta a los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano para conformar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que la propuesta será analizada por 16 mil 232 comunidades indígenas y 496 afromexicanas, y que buscará beneficiar a 25.8 millones de personas indígenas y afromexicanas, que representan 20.5% de la población nacional.

La convocatoria realizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, contempla cinco etapas que iniciaron ayer con la firma del documento, y concluirán el próximo 12 de octubre, con la presentación de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Del 1 de julio al 6 de agosto se realizará una campaña informativa del proyecto de ley. Del 7 agosto al 13 de septiembre, cada comunidad deberá deliberar la propuesta, “conforme a su propio sistema normativo interno, respetando sus formas tradicionales de organización y de toma de decisiones”, dijo Alcalde, mediante 82 asambleas de consulta y siete mesas de trabajo particulares, en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.

Del 21 de septiembre al 11 de octubre, realizarán el estudio y adecuación de la iniciativa, a través de las propuestas, recomendaciones y conclusiones de los pueblos contemplados.

Finalmente, el próximo 12 de octubre, el Ejecutivo federal enviará la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para que inicie su proceso legislativo y, en su caso, posterior aprobación.

Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del INPI, detalló que el proyecto de ley contiene ocho libros y un régimen transitorio. “Se han llevado a cabo 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y también se le ha pedido la opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en aquellos aspectos relativos a la justicia”, dijo.

En el Libro Primero se establecen las bases colectivas para que los pueblos y comunidades indígenas asuman las facultades derivadas de ser reconocidas como sujetos de derecho público. En el Segundo, se define el régimen constitucional de la autonomía indígena. En el Libro Tercero se establecen las normas para que las comunidades afromexicanas ejerzan su derecho de autonomía; en el Cuarto, se establecen los derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana.

En el Libro Quinto se determinan los derechos de las personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, indígenas y afromexicanas.

“Aquí le hemos dado una especial atención a los jornaleros agrícolas que se encuentran (...) en el norte, a nuestras hermanas que trabajan (...) como trabajadoras del hogar y a los trabajadores de la construcción, los albañiles, que hacen carreteras, hacen edificios en las grandes ciudades de nuestro país”, refirió Regino Montes.

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