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En la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se barajan cerca de 400 sugerencias para presentar, a más tardar en enero, una sola propuesta de modificaciones.
Entre las más destacadas está la posibilidad de hacer el voto obligatorio, posponer la elección judicial para finales de año y permitir a empresarios financiar a partidos políticos y candidatos independientes.
En septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que será en enero cuando la Comisión Presidencial presente una propuesta unificada, resultado de los 65 eventos donde participaron más de 5 mil personas exponiendo sus análisis e iniciativas para la reforma.
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La Comisión Presidencial deberá unificar, al menos, 355 iniciativas ya presentadas en papel, más las que se acumulen.
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el viernes que este 15 de diciembre acompañará a algunas organizaciones civiles a entregar sus propuestas ante la Comisión Presidencial; sin embargo, será el 12 de enero cuando presente una iniciativa que cuente con la aprobación de todos los consejeros electorales.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que, si la Presidencia de la República entrega una iniciativa de reforma electoral antes del 31 de diciembre o en la primera semana de enero, buscarán la forma de convocar para ese mismo mes a un periodo extraordinario y discutirla.
La posibilidad de que la Comisión Presidencial espere recibir una propuesta conjunta del INE retrasaría la discusión de la iniciativa que —de acuerdo con Pablo Gómez, presidente de dicha comisión— comenzaría a redactarse apenas terminados los foros y asambleas, concluidos el 11 de diciembre.
“La comisión va a tener que analizar todos sus argumentos con mucha seriedad y responsabilidad, pero hasta ahora no tenemos un proyecto, no tenemos ni siquiera un proyecto en ciernes”, declaró Pablo Gómez el 20 de octubre pasado, cuando apenas habían iniciado las audiencias públicas.
Opciones
Dentro de las casi 400 propuestas de modificación al modelo de elecciones en México destacan implementar la obligatoriedad del voto y de ser funcionarios de casilla para los ciudadanos que salgan sorteados cada año.
Esa propuesta aparece en un primer borrador que se filtró la semana pasada desde la Secretaría Ejecutiva del INE, mismo que fue rechazado por la mayoría de los consejeros electorales y luego desconocido por la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei.
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“El instituto precisa que los documentos que han circulado recientemente corresponden a insumos internos de trabajo, elaborados como parte de los procesos de análisis y reflexión institucional y no constituyen una postura oficial ni una propuesta definitiva del INE”, señaló el organismo en un comunicado emitido el 11 de diciembre.
Esos mismos documentos proponen que exista la posibilidad de que empresarios o entes privados financien campañas de partidos políticos y/o candidatos independientes, con el fin de reducir el financiamiento público destinado a ello.
Esa idea ya la había mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum en enero.
Otra propuesta que aparece en ese borrador del INE es la de fortalecer las fiscalías y tribunales electorales, en acciones concretas como la creación de un nuevo catálogo de delitos electorales.
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Ese llamado también lo hicieron la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) y la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales (AMFE) en noviembre, cuando entregaron su propia iniciativa de reforma electoral.
Un aspecto que los fiscales y magistrados locales también destacaron fue la inmediata necesidad de frenar la participación del crimen organizado en las elecciones.
El 5 de diciembre pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también se sumaron a esa exigencia.
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Otras propuestas que pusieron sobre la mesa los magistrados electorales fue aplazar la fecha de la elección judicial hacia finales de año. En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Tribunal Electoral federal, Gilberto Bátiz García, consideró que la elección del Poder Judicial debe realizarse en octubre y no en junio, junto con otra elección popular ejecutándose.
“Creo que es lo oportuno, que se pudiera hacer diferencia en términos de que el calendario de la autoridad administrativa permita llevar a cabo estos esfuerzos de forma paralela (…) esto es en junio, y pensando en una fecha tentativa, muy probablemente principios de octubre, la elección judicial”, propuso.
La eliminación de legisladores plurinominales y la instalación del voto electrónico en cada casilla, así como la reestructuración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la revisión de sus funciones son otras propuestas que no sólo se mencionaron en las más de 60 audiencias públicas que llevó a cabo la Comisión Presidencial, sino que han sido mencionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral también deberá considerar si incluye la eliminación de prerrogativas locales a partidos nacionales, incluso la elección de consejeros electorales por voto popular.
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