CNDH se pronuncia sobre nueva Ley de Pueblos Indígenas; pide protección del patrimonio cultural y derechos colectivos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a que la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos incorpore mecanismos efectivos para proteger el patrimonio cultural de las comunidades y garantice la participación directa de los pueblos originarios en las 82 asambleas regionales previstas dentro del proceso de consulta convocado por el gobierno federal.

En un pronunciamiento difundido con motivo del inicio del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la iniciativa legislativa, convocado el pasado 29 de junio por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la CNDH sostuvo que la construcción de la nueva ley representa una oportunidad para fortalecer la protección jurídica del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El organismo señaló en un comunicado que la iniciativa no surge de cero, pues recordó que en su Recomendación General 35/2019 documentó casos de apropiación, plagio y explotación comercial de diseños, textiles, expresiones artísticas y conocimientos tradicionales de comunidades indígenas por parte de empresas nacionales y extranjeras, en un contexto de insuficiencia de mecanismos legales para su protección.

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Destacó que aquella recomendación planteó la necesidad de crear un marco normativo específico con participación de los propios pueblos y comunidades, lo que derivó en la publicación de la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en 2022.

Ante la discusión de una nueva legislación de alcance general, la CNDH consideró necesario que se garantice el reconocimiento pleno de la autoría colectiva y de los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural, así como una adecuada articulación con la legislación federal vigente para asegurar su aplicación efectiva.

Asimismo, planteó fortalecer al Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas mediante mayores recursos, la consolidación de su Registro Nacional y la expedición de su reglamento.

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CNDH pide frenar explotación comercial

Entre los temas que la Comisión considera prioritarios figura también la desmercantilización del patrimonio cultural, al señalar que las expresiones, saberes, tradiciones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos constituyen un acervo vivo y no únicamente bienes sujetos a explotación comercial.

Sostuvo que en aquellos casos en que las comunidades decidan aprovechar comercialmente elementos de su patrimonio, la legislación debe garantizar el consentimiento previo, libre e informado, así como mecanismos para asegurar una distribución justa de los beneficios obtenidos.

La CNDH también planteó que la nueva ley incorpore disposiciones que faciliten el acceso efectivo a la justicia para los pueblos y comunidades, armonizadas con las sanciones ya previstas en la legislación sobre patrimonio cultural.

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Además, pidió que se contemplen medidas de reparación integral del daño frente a afectaciones económicas y morales derivadas de la apropiación indebida de elementos culturales, con mecanismos que permitan hacer exigibles dichas reparaciones.

Propuso igualmente incorporar una perspectiva de género que reconozca el papel central de las mujeres indígenas y afromexicanas en la creación, preservación y transmisión del patrimonio cultural, así como medidas específicas para proteger sus derechos y su trabajo creativo.

También solicitó que la iniciativa reconozca expresamente a las personas de la diversidad sexual y de género que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

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La Comisión hizo un llamado a las autoridades responsables de la consulta para que garanticen condiciones materiales, lingüísticas y culturales adecuadas que permitan una participación efectiva de las comunidades durante todas las etapas del proceso.

Exhortó a empresas y sociedad civil a acompañar la construcción de la nueva legislación con respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Y reiteró que dará seguimiento al proceso de consulta y vigilará que la iniciativa que eventualmente sea enviada al Congreso de la Unión incorpore las propuestas y demandas expresadas por los pueblos y comunidades participantes.

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