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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a cargo de Rosario Piedra, rechazó los señalamientos realizados por un exfuncionario que participó en la integración del expediente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sostuvo que la Recomendación 208VG/2026 fue elaborada y publicada conforme a los procedimientos establecidos en su normativa interna.
En una nota aclaratoria, el organismo afirmó que la recomendación sobre el Caso Iguala 2014 se emitió con apego a los artículos del Reglamento Interno que regulan los procesos de investigación, notificación y publicación de este tipo de resoluciones, y subrayó que se trata de una recomendación formal y no de un informe o libro sujeto a debate público.
La Comisión respondió a declaraciones de Alejandro Martínez, quien estuvo al frente de una dirección especial creada en octubre de 2021 para integrar la queja presentada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
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¿Qué dijo el exfuncionario Alejandro Martínez?
Según la CNDH, el exfuncionario ha difundido afirmaciones que buscan desacreditar la recomendación y cuestionar el proceso de investigación realizado por el organismo.
Entre otros señalamientos, Martínez aseguró que la institución ocultó trabajos relacionados con las escuelas normales rurales, que existieron actos de hostigamiento laboral y que la dirección especial para el caso Ayotzinapa fue desmantelada debido a presiones de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional. También sostuvo que la Recomendación 208VG/2026 carece de rigor técnico y responde a intereses contrarios a las víctimas.
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La CNDH rechazó estas afirmaciones y aseguró que la salida de Martínez de la institución obedeció a una denuncia presentada en febrero de 2022 por integrantes del Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, quienes lo acusaron de utilizar su cargo para intervenir en asuntos de carácter político-estudiantil.
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Asimismo, sostuvo que la dirección encargada del caso Ayotzinapa no desapareció, sino que fue reasignada a la Segunda Visitaduría General, donde continuó la integración del expediente hasta septiembre de 2023, cuando pasó a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado en el Pasado Reciente.
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Respecto a la elaboración de una Recomendación General sobre las escuelas normales rurales, la Comisión confirmó que el proyecto fue trabajado en coordinación con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), pero señaló que no prosperó debido a que el entonces Consejo Consultivo rechazó su presentación durante una sesión celebrada el 26 de septiembre de 2022.
El organismo también defendió el contenido de la Recomendación 208VG/2026 y afirmó que fue elaborada bajo los principios de legalidad, interés superior de las víctimas, enfoque pro persona y estándares de protección de derechos humanos reconocidos en el marco jurídico mexicano.
Y sostuvo que continuará defendiendo la validez de sus investigaciones y resoluciones frente a lo que calificó como intentos de desacreditar su autonomía e independencia, al tiempo que reiteró su compromiso con la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa.
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nro/apr
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