Sin comunicación previa con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ni con sus representantes y organizaciones acompañantes; en sigilo, a través de una publicación en la plataforma “X”, la CNDH publicó la Recomendación 208VG/2026, en la que a diferencia de la postura que sostuvo en 2023, cuando reconoció los avances de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), acusó la participación de las fuerzas armadas en los acontecimientos y pidió investigar profusamente su participación en la desaparición y facilitar la investigación de la cadena de mando y la apertura de los archivos. Hoy ha dado un viraje que descalifica la investigación realizada por la COVAJ y el GIEI entre enero de 2019 y octubre de 2023; exonera al ejército mexicano y retoma la versión que señala que la desaparición fue realizada por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos, y recomienda orientar las investigaciones en ese sentido.
Con deficiencias técnicas y metodológicas, sesgos narrativos, epítetos, juicios subjetivos, faltando incluso a la verdad, crea una nueva revictimización del caso, haciendo tabla rasa de las investigaciones y desconociendo sus propias posiciones y los avances alcanzados.
La Recomendación señala que el trabajo realizado por la COVAJ se basó en pruebas que terminaron por ser invalidadas, que la investigación se fundó excesivamente en testimonios de Testigos de Identidad Reservada, cuyas versiones resultaron inconsistentes o se contradijeron con otras pruebas técnicas, que la “Narrativa de la Anti-Verdad Histórica”, como ahora la califica, es tan nociva como la “Verdad Histórica” original y que buscó imponer una versión de los hechos sin pruebas objetivas; que contribuyó a “enrarecer” y “obstaculizar” el acceso a la justicia al desviar las investigaciones hacia narrativas que no se sostenían materialmente; que frivolizó los hechos, convirtiéndolos en ocasiones en una suerte de “novela policiaca” basada en mentiras o interpretaciones sesgadas. Que los señalamientos sobre el papel de las Fuerzas Armadas fue una “malintencionada interpretación” y una “tergiversación”. Todo ello, sin prueba alguna, solo calificativos.
Como nos comprometimos desde un inicio con las madres y padres de los normalistas, nosotros no construimos una nueva verdad histórica ni generamos falsas expectativas. La investigación se sustentó en tres principios: que la única verdad, es que no existía verdad alguna sobre este caso; que llevaríamos a cabo todas las acciones para conocerla y encontrar el paradero de los estudiantes, y que siempre les diríamos la verdad por dolorosa que esta fuera.
No existe antecedente de que una institución nacional de derechos humanos haya sido ampliamente señalada por emitir una recomendación que pareciera colocarse del lado de los presuntos victimarios de un caso emblemático de desaparición forzada. Existen casos donde organismos estatales han minado o negado desapariciones, pero no existía una institución independiente de derechos humanos equivalente al modelo actual. En otros casos ha habido controversias sobre informes oficiales o fiscales que modifican hipótesis de violencia política, cuando los organismos responsables de velar por los derechos humanos han sido criticados por alinearse con el gobierno y su falta de autonomía institucional, pero en general, las defensorías del pueblo han mantenido una posición de protección a las víctimas, no de reivindicación de los presuntos responsables.
Cuando una institución de este tipo cuestiona investigaciones ampliamente respaldadas o pretende favorecer a quienes son señalados como responsables, inevitablemente enfrenta críticas por una posible desviación de su mandato. Por eso, si efectivamente la recomendación descalifica el trabajo del GIEI y de la COVAJ, y rehabilita hipótesis previamente descartadas o minimiza responsabilidades de agentes estatales, es comprensible que las víctimas la consideren un giro regresivo.
En términos comparados, no encuentro un precedente cercano en democracias constitucionales donde un ombudsman nacional haya sido señalado de revertir la narrativa consolidada de un caso emblemático de desaparición forzada en un sentido que es favorable a los presuntos perpetradores. Lo más parecido suele encontrarse en contextos donde las instituciones de derechos humanos han perdido independencia frente al poder político. Esta discusión apenas comienza.
Expresidente de la COVAJ