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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Petróleos Mexicanos (Pemex), al asegurar que servidores públicos de esa empresa productiva del Estado omitieron proporcionar a las Fiscalías General de la República (FGR) y a la General de Justicia de la Ciudad de México (FJCDMX) información de personal de la paraestatal imputado en un delito de feminicidio.
En un comunicado, explicó que se tuvo conocimiento del fallecimiento de la víctima de feminicidio, ocurrido el 16 de enero de 2016, y tras acreditar violaciones a sus derechos humanos y a los de una persona integrante de su familia, emitió la Recomendación 155/2022, dirigida al Instituto Politécnico Nacional y a la FGR, solicitando a ésta integrar la carpeta de investigación.
El 22 de abril de 2025, la Comisión Nacional recibió la queja de un familiar de la víctima, en la que refirió que personal de Pemex no proporcionó los datos laborales y de localización de las personas acusadas del feminicidio, con lo que entorpeció la debida integración de la carpeta de investigación y de la averiguación previa.
La CNDH acreditó que las personas apoderadas legales de Pemex obstaculizaron la investigación al retrasar información necesaria para esclarecer el delito de feminicidio, identificar a las personas responsables y sancionarlas. Consideró que este hecho es una forma de violencia institucional, ya que incide negativamente en la confianza en el sistema de justicia, vulnera a las víctimas y obstruye el acceso a la verdad y a la justicia.
Por estos hechos, recomendó a Pemex gestionar que la persona familiar de la víctima acceda a las medidas de rehabilitación procedentes, incluida atención médica y psiquiátrica; que proporcione a las autoridades la información que le requieran, y colabore ampliamente en las investigaciones ministerial y administrativa contra las personas servidoras públicas responsables.
Además, la paraestatal deberá realizar lo necesario para mantener actualizados los registros de su personal eventual o prestador de servicios; realizar un diagnóstico sobre la revisión y, en su caso, modificación de sus protocolos internos para asegurar la debida colaboración con las autoridades ministeriales, y capacitar en materia de derechos humanos a su equipo de la Gerencia de Servicios Jurídicos.
jc/apr
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