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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por las condiciones en las que ocurrió el suicidio de una persona privada de la libertad, integrante de la comunidad LGBTTTIQ+, dentro del Centro Federal de Reinserción Social Número 18, donde acreditó falta de atención especializada e irregularidades en la investigación del caso.
El organismo que dirige Rosario Piedra, dirigió la recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social y a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, tras documentar violaciones a los derechos humanos de la víctima a la protección de la salud, seguridad jurídica, integridad personal y vida, atribuibles a autoridades penitenciarias del penal federal.
La CNDH también señaló violaciones a los derechos al acceso a la justicia y a la verdad en agravio de una víctima indirecta, relacionadas con la actuación de la Fiscalía estatal.
Prisión. Foto: iStock
De acuerdo con la investigación, la víctima ingresó al penal el 28 de diciembre de 2020 con antecedentes de bipolaridad, hiperactividad e ideación suicida en distintas ocasiones; sin embargo, en más de dos años de reclusión solo recibió una sesión de valoración psicológica.
El organismo indicó que durante su estancia la persona presentó conflictos físicos y verbales con otras personas privadas de la libertad, sin que se reforzaran medidas de vigilancia ni seguimiento psicológico oportuno.
La persona fue hallada sin vida el 22 de febrero de 2023.
Sobre la actuación de la Fiscalía de Coahuila, la Comisión concluyó que no investigó el caso desde la perspectiva del probable ejercicio ilícito del servicio público ni profundizó en posibles responsabilidades derivadas de omisiones del personal de salud del penal.
Entre las medidas recomendadas, la CNDH pidió reparar el daño a las víctimas indirectas, brindar atención psicológica y tanatológica, así como implementar programas de profesionalización para personal de seguridad, custodia, médico y psicológico del CEFERESO 18, enfocados en identificación temprana y atención de personas privadas de la libertad con ideación suicida.
También solicitó a la Fiscalía estatal colaborar en las investigaciones administrativas e impartir capacitación a ministerios públicos sobre la aplicación del Protocolo de Minnesota.
nro
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