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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al IMSS-Bienestar por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra una mujer que perdió a su bebé durante la atención de su parto en el Hospital General de Tula, Hidalgo, donde además fue sometida a una histerectomía sin su consentimiento y sufrió violencia obstétrica, negligencia médica y malos tratos.
De acuerdo con la investigación del organismo, los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2024 cuando la paciente comenzó a presentar fuertes dolores. Sin embargo, una médica le pidió que “se callara” y no recibió atención oportuna. La mujer fue trasladada al quirófano hasta que ella y el producto de la gestación dejaron de presentar frecuencia cardiaca, momento en el que se le practicó una cesárea. Posteriormente se le informó que su bebé había fallecido.
La CNDH documentó que tras la intervención quirúrgica, familiares de la víctima fueron notificados de que le habían extirpado la matriz, pese a que nunca se solicitó su consentimiento para realizar ese procedimiento. Además, un ultrasonido practicado después de la cirugía reveló perforaciones intestinales.
También acreditó que la paciente recibió amenazas y malos tratos por parte de personal médico y directivo del hospital, además de no contar con acompañamiento psicológico al conocer la muerte de su hijo.
La investigación concluyó que personal médico omitió aplicar medidas indispensables para atender el deterioro de la frecuencia cardiaca fetal, entre ellas procedimientos de reanimación intrauterina, suministro de oxígeno suplementario y una referencia inmediata a quirófano para realizar la cesárea. También detectó que no se atendieron solicitudes previas para trasladarla a una unidad médica con mayor capacidad de atención.
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Determinó que se vulneraron los derechos humanos a la salud materna, al trato digno, a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en materia de salud y al proyecto de vida de la víctima y de sus familiares, debido a que no se le garantizó atención médica adecuada, oportuna y de calidad.
Asimismo, advirtió que el personal médico conocía las condiciones de vulnerabilidad de la paciente, quien enfrentaba falta de empleo, bajos ingresos y era madre soltera, circunstancias que no fueron consideradas para brindarle una atención integral.
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Señaló que la mujer presenta afectaciones emocionales derivadas de la pérdida de su bebé, los malos tratos recibidos durante la atención médica y las amenazas que asegura haber sufrido por parte del personal del nosocomio.
Entre las medidas ordenadas, el organismo pidió al IMSS-Bienestar reparar integralmente el daño, garantizar atención médica especializada para la víctima y proporcionar apoyo psicológico y tanatológico a los familiares afectados.
También solicitó colaborar con el Órgano Interno de Control en las investigaciones correspondientes, capacitar al personal de ginecología y obstetricia del Hospital General de Tula en derechos humanos y perspectiva de género, y fortalecer los mecanismos para que pacientes y familiares puedan denunciar actos de maltrato, discriminación o negligencia médica.
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em/apr
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