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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Poder Judicial de la Federación (PJF) a resolver con la mayor celeridad y bajo los más altos estándares de protección el juicio de amparo relacionado con el caso del buscador Francisco Javier Barajas Piña, cuya sentencia condenatoria aún no queda firme.
El pasado 27 de febrero de 2026, la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del magistrado Luis Alberto Valdez López, emitió una sentencia condenatoria por el homicidio calificado de Barajas Piña, ocurrido en mayo de 2021 en Salvatierra, Guanajuato.
El Centro Prodh consideró esta resolución como una noticia positiva, tanto para la familia Barajas Piña como para el colectivo Ángeles de Pie Por Ti, al representar un avance en el acceso a la justicia y en el combate a la impunidad en los casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas, particularmente en Guanajuato, entidad que concentra el mayor número de estos casos.
Destacó que el reconocimiento de la responsabilidad penal de quienes privaron de la vida a Barajas Piña —quien realizaba labores de búsqueda de personas desaparecidas, en particular de su hermana Guadalupe Barajas, desaparecida en febrero de 2019 y localizada en la fosa de Salvatierra— constituye un paso significativo que no debe subestimarse.
El fallo se produce tras casi cinco años de procesos impulsados por sus padres, Javier Barajas y María Tránsito Piña, quienes incluso se vieron obligados a desplazarse fuera del estado debido a los riesgos derivados de su exigencia de justicia. La resolución envía un mensaje no sólo para esta familia, sino para otros colectivos de búsqueda que han acompañado el caso.
La sentencia se sustenta en un conjunto de pruebas que incluyen testimonios presenciales —uno de los cuales fue desaparecido durante el proceso penal—, la detención de los responsables en posesión del arma homicida, así como evidencia científica como la geolocalización de dispositivos telefónicos.
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No obstante, el proceso judicial aún no concluye. La audiencia de individualización de sanciones no ha podido llevarse a cabo debido a que uno de los sentenciados promovió un amparo directo, cuya resolución podría impactar el acceso a la verdad y la justicia en este caso.
Ante ello, el Centro Prodh subrayó la urgencia de que el Poder Judicial resuelva el recurso conforme a estándares que garanticen la protección de personas defensoras de derechos humanos.
El caso de Javier Barajas Piña se ha convertido en un referente para las miles de familias buscadoras en México que enfrentan riesgos graves en su labor. Desde 2010, se tiene registro de al menos 34 personas buscadoras asesinadas en el país, por lo que esta resolución, señaló la organización, debe sentar un precedente que contribuya a evitar la repetición de estos hechos.
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