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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que seguirá el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS encarcelados por el incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara el jueves pasado que los delitos asociados en este caso no prescriben, al considerarse violaciones graves a los derechos humanos.
Mediante una tarjeta informativa, la institución ministerial afirmó que la decisión adoptada por el máximo tribunal del país implica seguir las acciones legales contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, vinculados a proceso en noviembre de 2020 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión, derivado de la indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
Además, afirmó, refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas y los niños involucrados.

Explicó que Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un juicio de amparo indirecto, al considerarse, entre otras cuestiones, que la acción penal en su contra estaba prescrita y que no le era aplicable el artículo 106, párrafo último de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado que los únicos delitos contra la niñez que tienen una regla especial de prescripción son los previstos en el artículo 107 bis del Código Penal Federal, entre los cuales no se encuentran el homicidio ni lesiones culposos, por lo que, en el caso concreto, debía sujetarse a las reglas generales de la prescripción.
No obstante, un juez de Distrito negó la protección de la justicia y derivado de ello el exfuncionario preso interpuso recurso de revisión en contra de tal determinación que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que resolvió que en los delitos asociados con el incendio en la Guardería ABC, registrado en junio de 2009, al constituir violaciones graves a los derechos humanos, no resulta procedente la prescripción de la acción penal correspondiente, pues debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia, la necesidad de combatir la impunidad, así como evitar la repetición de los hechos y el olvido de los crímenes sin que sea jurídicamente relevante la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión que se reproche.
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Derivado de lo anterior, la FGR reiteró su compromiso institucional a efecto de esclarecer los hechos y combatir la impunidad con apego a las implicaciones del debido proceso.
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