Por María Emilia Molina de la Puente
La ministra Lenia Batres sostiene que el reciente fracaso del examen de admisión de la UNAM puso en evidencia "las debilidades del modelo selectivo". No comparto esa conclusión. Lo que quedó en evidencia, en todo caso, fue una contratación deficiente, una supervisión insuficiente y un problema de gestión. Confundir una falla administrativa con el fracaso del mérito es el primer problema de su planteamiento.
En mi opinión, la columna parte de una premisa equivocada: que el examen existe porque alguien decidió excluir. No. El examen existe porque el Estado no ha sido capaz de ofrecer un lugar para todas las personas que desean cursar estudios superiores. Mientras miles de jóvenes compitan por un número considerablemente menor de espacios, cualquier universidad tendrá que establecer algún mecanismo para decidir quién ingresa. Mientras existan recursos limitados, cualquier sistema deberá seleccionar.
La verdadera discusión no es si debe existir selección, sino qué mecanismo resulta más justo, transparente y compatible con el derecho a la educación, mientras el Estado cumple su obligación de ampliar la cobertura.
Ésa no es una decisión ideológica; es la consecuencia de una realidad que ningún discurso puede borrar: la insuficiencia de oportunidades.
Preguntémonos ¿qué mecanismo ofrece mayores garantías de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades? Porque eliminar un examen no elimina la necesidad de decidir quién ocupa un lugar. Simplemente obliga a hacerlo mediante otro criterio.
Y es justamente ahí donde la columna guarda silencio. Si el examen desapareciera mañana, ¿cómo se asignarían esos lugares? ¿Por sorteo? ¿Por orden de llegada? ¿Por decisión discrecional de una autoridad? Todas esas alternativas también seleccionan. La diferencia es que algunas descansan en reglas previamente conocidas y verificables, mientras que otras abren mayores espacios para la arbitrariedad. Ésa debería ser la discusión de fondo.
Resulta llamativo que una columna tan severa para descalificar el examen no dedique una sola línea a explicar con qué criterio deberían asignarse esos lugares. Porque toda crítica a un sistema de selección sólo adquiere sentido cuando es capaz de ofrecer uno mejor. De lo contrario, el problema no desaparece; simplemente deja de nombrarse.
A lo largo de su texto, la ministra no sólo cuestiona un examen de admisión; en realidad pone en duda el mérito mismo como criterio para acceder a espacios que exigen preparación. Y esa idea merece una reflexión mucho más cuidadosa.
Por supuesto que el mérito no puede analizarse ignorando las profundas desigualdades que existen en nuestro país. No todos los jóvenes nacen con las mismas oportunidades, estudian en las mismas escuelas ni cuentan con el mismo respaldo económico o familiar. Ésa es precisamente la razón por la que el Estado tiene la obligación de reducir esas brechas y ampliar las oportunidades educativas. Pero una cosa es reconocer que las condiciones de partida son profundamente desiguales y otra muy distinta concluir que la preparación, el conocimiento y el esfuerzo deben dejar de ser relevantes.
Porque entonces surge una pregunta inevitable: si el mérito deja de ser un criterio para acceder a la universidad, ¿qué criterio debería sustituirlo? Y si aceptamos que la preparación ya no importa para ingresar a la educación superior, ¿con qué autoridad sostendremos después que sí debe importar para ejercer la medicina, construir un puente, pilotear un avión o integrar el máximo tribunal constitucional del país?
El problema, en realidad, no es el mérito. El problema es que demasiadas personas nunca tienen la oportunidad de desarrollarlo y demostrarlo. Ésa debería ser la preocupación central de cualquier política pública seria: construir las condiciones para que el origen deje de determinar el destino, no desacreditar el valor de la preparación cuando se trata de ocupar espacios que exigen conocimientos y responsabilidad.
La igualdad de oportunidades exige democratizar el acceso a la excelencia, no democratizar la mediocridad.
La columna dedica buena parte de su argumentación a cuestionar el modelo de selección, pero prácticamente ninguna a algo mucho más elemental: el fraude. Lo cual es una omisión que me resulta particularmente difícil de entender tratándose del episodio que dio origen a esta discusión. Porque una cosa es discutir si el examen constituye el mejor mecanismo para asignar lugares y otra muy distinta guardar silencio frente a quienes pretenden obtener mediante la trampa el lugar por el que otros estudiaron durante meses o años. La suplantación de identidad, la compra de respuestas o cualquier mecanismo para burlar un proceso de admisión no son una expresión de igualdad ni una forma de combatir privilegios. Son, simple y sencillamente, fraude. Y me habría parecido importante que una columna que pretende reflexionar sobre justicia comenzara por rechazar con absoluta claridad aquello que rompe las reglas para todos.
El mérito no consiste únicamente en obtener la calificación más alta. También supone reconocer el valor del esfuerzo, la disciplina y el respeto por reglas comunes. Podemos discutir si esas reglas son perfectibles; podemos debatir si compensan suficientemente las desigualdades de origen; podemos exigir que el Estado haga mucho más para garantizar oportunidades reales. Lo que no deberíamos hacer es borrar la diferencia entre quien cumple las reglas y quien las elude. La igualdad nunca ha consistido en que el esfuerzo deje de importar; mucho menos en que la trampa deje de tener consecuencias.
Hay otro elemento que la columna omite por completo y que me parece indispensable incorporar al debate. México tomó hace décadas una decisión igualitaria: ofrecer educación superior pública de enorme calidad con cuotas prácticamente simbólicas. En buena parte del mundo, incluso en democracias consolidadas, acceder a la universidad representa para las familias una inversión económica considerable. Aquí, en cambio, millones de mexicanos sostienen con sus impuestos universidades públicas porque entendieron que el conocimiento genera beneficios para toda la sociedad.
Precisamente por eso cada lugar en una universidad pública representa un bien público extraordinariamente valioso. No porque sea gratuito para quien lo ocupa deja de tener un costo. Detrás de cada espacio hay profesores, laboratorios, bibliotecas, hospitales universitarios, investigación científica, infraestructura y recursos que pagan todos los contribuyentes, incluso aquellos que nunca estudiarán en esas instituciones. Defender la universidad pública no significa devaluar ese patrimonio colectivo. Significa protegerlo, fortalecerlo y ampliarlo.
Cuando un bien público de esa magnitud resulta insuficiente para atender toda la demanda, la obligación del Estado no consiste en desacreditar el mecanismo con el que hoy administra esa insuficiencia. Consiste en hacer que esa insuficiencia desaparezca, ampliando el presupuesto, mejorando su ejercicio.
Lo verdaderamente preocupante de la columna de la ministra, insisto, no es la crítica a un mecanismo específico de selección, sino la concepción que revela sobre el mérito mismo. A lo largo de su texto, la preparación, la experiencia y la excelencia aparecen casi como sinónimos de exclusión, como si el problema consistiera en exigir conocimientos para acceder a espacios que, precisamente por la responsabilidad que implican, exigen capacidad e idoneidad.
No deja de ser una paradoja. Durante décadas luchamos para que el origen social dejara de determinar el destino de las personas. La educación pública, gratuita y de calidad fue concebida como el instrumento para que el talento y el esfuerzo abrieran oportunidades donde antes sólo existían privilegios de nacimiento. Hoy pareciera que la discusión pretende recorrer el camino inverso: no fortalecer las condiciones para que más personas desarrollen su talento, sino cuestionar el valor mismo de la excelencia.
Combatir la desigualdad exige ampliar oportunidades, no disminuir el valor de la preparación.
Quizá por eso resulta inevitable extender la reflexión más allá de la universidad. Porque si aceptamos que la preparación deja de ser un criterio legítimo para acceder a la educación superior por considerarla una forma de exclusión, ¿por qué habría de ser un criterio legítimo cuando se trata de ocupar cargos públicos de enorme responsabilidad? ¿En qué momento el mérito deja de ser una garantía para la sociedad y se convierte en un privilegio del que debemos desconfiar?
No hace falta especular demasiado. México acaba de vivir exactamente ese debate.
Durante la reforma judicial escuchamos una y otra vez que la carrera judicial era un privilegio, que la experiencia jurisdiccional constituía una barrera de acceso y que los requisitos técnicos eran expresiones de un modelo elitista que debía desmontarse. El lenguaje cambió. La preparación dejó de llamarse preparación para convertirse en privilegio; la experiencia pasó a verse como exclusión; el mérito comenzó a describirse como un obstáculo para la igualdad. Pero cambiar las palabras nunca cambia la realidad.
Basta observar las primeras sesiones públicas de la nueva Suprema Corte para preguntarnos si aquellas exigencias realmente protegían a una élite o si, en realidad, protegían a la ciudadanía. Porque nunca exigimos conocimientos jurídicos, experiencia o trayectoria para beneficiar a quienes aspiran a ocupar un cargo. Los exigimos porque las personas cuyos derechos, libertad o patrimonio dependerán de sus decisiones tienen derecho a ser juzgadas por quienes cuentan con la mejor preparación posible. Exactamente igual que exigimos preparación a un médico antes de entrar a un quirófano, a un piloto antes de despegar un avión o a un ingeniero antes de calcular la estructura de un puente. El mérito nunca ha sido un premio para quien obtiene el cargo; siempre ha sido una garantía para quien depende de él.
Y quizá ahí radique una de las mayores contradicciones de la columna. Se insiste en que el modelo selectivo genera exclusión, pero no se explica cómo se protege después a la sociedad cuando quienes acceden a esos espacios carecen de la preparación necesaria para ejercerlos. Porque el costo de devaluar el mérito nunca lo paga quien obtiene un cargo para el que no estaba suficientemente preparado. Lo paga la persona que será operada por un médico incompetente, la que cruzará un puente mal diseñado o la que acudirá a un tribunal esperando una resolución técnicamente sólida. El mérito no existe para satisfacer el ego de los profesionistas. Existe para proteger los derechos de los demás.
Por eso tampoco comparto la afirmación de que "la excelente no es la educación, sino los estudiantes". La propia Constitución establece que la educación impartida por el Estado debe orientarse a la excelencia. No porque la excelencia sea un privilegio, sino porque la igualdad y la calidad no son objetivos incompatibles. Al contrario: una verdadera política igualitaria no consiste en ofrecer una educación mediocre para todos, sino en garantizar que cada vez más personas tengan acceso a una educación de excelencia.
El problema nunca ha sido el examen. Tampoco el mérito. El verdadero problema es que México sigue sin ofrecer suficientes oportunidades para que el origen deje de condicionar el destino de millones de jóvenes. Pero si, además de esa deuda, normalizamos la trampa y comenzamos a desconfiar del conocimiento, de la experiencia y de la preparación como criterios para acceder a las responsabilidades públicas, entonces ya no estaremos discutiendo únicamente el ingreso a una universidad. Estaremos discutiendo el tipo de Estado que queremos construir y el nivel de instituciones que estamos dispuestos a aceptar.
Doctora en Derecho y Magistrada de Circuito en retiro.