Más que a estudiantes tramposos, oportunistas de la modernidad tecnológica, el escándalo del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México exhibió las debilidades de la política neoliberal que nuestra máxima casa de estudios se resiste a abandonar.
Tres elementos característicos de las políticas públicas de corte neoliberal concurrieron en el colapso del examen: a) la focalización educativa; b) la subcontratación de servicios, y c) el desarrollo tecnológico ajeno a las necesidades públicas, para empezar las de la propia casa de estudios.
La focalización de las políticas sociales fue uno de los rasgos distintivos y más lacerantes del modelo tecnocrático que predominó de finales de los 80 hasta 2018. A partir de la afirmación de que nunca habría recursos suficientes para atender las necesidades sociales, justificaba la selección de a quiénes debían otorgarse servicios públicos: a los más pobres, para que no murieran (alimentación, salud, vivienda), y a los más aptos, para que se aprovecharan los recursos públicos (educación, cultura, ciencia y tecnología).
Como sabemos, esta orientación de la política social redujo drásticamente su presupuesto, hasta generar prácticamente la insolvencia de las instituciones de salud y vivienda, además del traslado injustificado de los servicios hacia particulares ávidos de obtener ganancias más que interesados en satisfacer necesidades sociales.
La educación, la ciencia y la cultura no vivieron el mismo proceso de reducción presupuestal, sin embargo, se desatendió y estancó. Dejó de asumirse que el Estado estaba obligado a impartir educación superior. Y las universidades públicas incrementaron costos hacia los estudiantes.
Al incrementarse la solicitud de ingreso sin ampliarse la matrícula educativa, más y más jóvenes se quedaron fuera de acceso a la educación pública. Más de tres décadas sin nueva cobertura.
La justificación de la selectividad se repitió hasta la saciedad: sólo “los mejores” debían acceder a estos servicios si no dejarían de ser “de excelencia”. Por cierto, en esa explicación, la excelente no es la educación, sino los estudiantes, de los que hay que comprobar que tengan los conocimientos suficientes para el nivel educativo a través de un examen, sin importar que ya acreditaron el grado que se supone suficiente para ese siguiente nivel.
Este sistema generó que actualmente tengamos 1,048 universidades públicas, mientras que el número de instituciones de educación superior privadas asciende a 3,571.
La idea de que las instituciones públicas son ineficaces per se, además de su estancamiento, generó prácticamente la obligación de contratar o subcontratar los servicios restantes dirigidos al público.
La UNAM contrató a una empresa privada la aplicación del examen de admisión. La UNAM, principal formadora de científicos y tecnólogos, que tiene la supercomputadora Miztli, una de las cinco que hay en nuestro país, decidió contratar el servicio a una empresa con numerosas quejas de servicios tecnológicos.
En las décadas anteriores, nuestro país invirtió más recursos que nunca a la ciencia y la tecnología, pero bajo un sistema de subsidio a proyectos de instituciones privadas, incluidas empresas trasnacionales, de los que ni siquiera reclamó los derechos de autor o patentes.
En el colmo, ya no sólo no se buscó desarrollar ciencia y tecnología para las necesidades del desarrollo nacional —agricultura, alimentación, salud, energía, informática, etcétera—, sino que ni siquiera está produciendo la tecnología que la propia UNAM necesita.
En fin, ojalá nuestras universidades públicas pronto abandonen este modelo selectivo, privatizador, caro y quimérico, que ha restringido el derecho a la educación superior de muchos y no ha generado frutos para nuestro país.
Ministra de la SCJN