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Los consejeros electorales llevarán 241 propuestas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el lunes 12 de enero al mediodía. Entre éstas se encuentra posponer para el último trimestre del año la elección judicial y vetar de manera total el secreto ministerial para las funciones de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
En la reunión de este viernes, los consejeros recibieron un documento de la Secretaría Ejecutiva que integró 316 propuestas hechas por sólo ocho consejerías. Éstos se votaron y se les hicieron observaciones durante la tarde del jueves, y se comentaron de manera breve las propuestas con unanimidad y mayoría.
De esas se integrarán, finalmente, sólo 241 iniciativas.
Las demás no se desecharán, de acuerdo con fuentes al interior del instituto, sino que se entregarán como un “anexo” al documento oficial que se proporcionará el lunes a las 12:00 horas a la comisión que preside Pablo Gómez, con el fin de que “haya constancia de dichas propuestas ante el Congreso”.
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Consejeros consultados por EL UNIVERSAL aseguraron que en el INE hay consenso absoluto por mover la fecha de la elección judicial a finales de año y no hacerla empatar con las elecciones de la Cámara Baja y de 17 gobernadores, sobre todo por el tema de costos y carga de trabajo.
“Es inviable que la elección judicial ocurra, con todas sus disposiciones legales, al mismo tiempo que la elección de la Cámara de Diputados y la elección de 17 gubernaturas y Congresos locales. Tan sencillo como que tendrían que instalarse, por ejemplo, el doble de casillas: unas donde sí pueda haber representación de los partidos políticos y otras donde no puedan pasar”, ejemplificó la consejera Dania Ravel en entrevista con esta casa editorial.
Otro tema que generó mayoría, aunque no unanimidad, entre los consejeros es buscar que la reforma constitucional vete de manera total el secreto ministerial para las funciones de fiscalización del organismo, mismo que muchas veces las autoridades federales, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentan para negar información.
La consejera Carla Humphrey dijo a El Gran Diario de México que ella específicamente propuso que se sancione a los funcionarios de estas instituciones que se nieguen a entregar la información solicitada por el INE, pues ahora sólo se les hace “un llamado a su superior jerárquico”, que usualmente termina en nada.
Dania Ravel dijo que la sanción “debe ser específica y proporcional” para funcionarios que incumplan con esa obligación.
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