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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo una iniciativa de reformas al Código Penal Federal, para sancionar la difusión de ideas basadas en la superioridad y el odio racial, así como a quien asista, financie, organice o inciten a realizar actos discriminatorios o violentos en razón de color u origen étnico.
La iniciativa de reformas al artículo 149 fue publicada ayer en la Gaceta de la Comisión Permanente y plantea incorporar como conductas susceptibles de sanción la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, incitación a la discriminación, realizar actos de violencia contra cualquier raza o personas de otro color u origen.
También propone sancionar a quien “ejecute actos de violencia en contra de una persona, con motivo de su raza, color de piel u origen étnico; asista a actividades racistas, financie o participe en organizaciones o actividades de propaganda que promueva la discriminación racial e incite a ella”.
La incitación, organización o financiación de estos actos tendrán penas de hasta un tercio adicional a la pena establecida para tal delito, es decir, de hasta cuatro años de prisión, 400 días de trabajo a favor de la comunidad o 266 días de multa (aunque las sanciones son en Unidades de Medida y Actualización).
Actualmente, el Código Penal establece que se impondrán de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa a quien, por razones de sexo, edad, origen étnico, lengua o preferencia sexual, discrimine a una persona.
Se añade ahora todo lo relativo a discursos de odio y difusión de ideas sobre superioridad racial.
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“En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia”, establece la iniciativa enviada por el Presidente.
Se busca que México cumpla los compromisos asumidos desde 1975, cuando ratificó su firma a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Esas reformas, para actualizarse a los compromisos internacionales, fueron ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 805/2018.
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Cuando se solucionó ese recurso, los ministros consideraron que si bien el Código Penal Federal ya sancionaba actos de discriminación, al negar el acceso a un empleo, a servicios de salud o educativos, hacía falta penalizar la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, así como la participación, financiamiento u organización de actividades para promoverlas, lo que ahora se propone.
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