Hace algunos años, durante un viaje a Nueva York, uno de mis sobrinos, entonces adolescente, me hizo una pregunta tan sencilla como profunda: “Oye, Mike, ¿eso de las patentes aquí en Estados Unidos es muy importante?”. Mi respuesta fue inmediata: “Sí. El sistema de patentes es una de las razones por las que este país es la potencia que es”.
La respuesta tiene mucho que ver con una fecha que está por llegar. El próximo 4 de julio Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su independencia. Entre las muchas razones que explican esos dos siglos y medio hay una que quizá no acapare los reflectores de las celebraciones, pero que sí ha ocupado, administración tras administración, un lugar en la agenda presidencial: la convicción de que la innovación merece protección jurídica e incentivos para prosperar.
Esa política comenzó a construirse desde los primeros años del nuevo país. Benjamín Franklin fue estadista, científico e inventor. Thomas Jefferson compartía esa misma convicción y, además de inventor, fue uno de los principales impulsores del sistema de patentes. No sorprende, entonces, que la propia Constitución facultara al Congreso para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles mediante la protección temporal de autores e inventores. Desde entonces, incentivar la innovación dejó de ser sólo una aspiración para convertirse en una política pública.
Aquella política de Estado pronto dejó de ser una declaración de principios para convertirse en instituciones. En 1790 se aprobó la primera ley de patentes y, ese mismo año, George Washington firmó la primera patente concedida por Estados Unidos. Su examen estuvo a cargo de un comité del que formaba parte Jefferson, entonces secretario de Estado. La innovación no era un asunto secundario. Desde el nacimiento mismo de la República ocupaba un lugar en el escritorio presidencial.
Aquella política de Estado trascendió a los propios padres fundadores. El presidente Lincoln, también inventor y titular de una patente, afirmaba que aquel sistema había “añadido el combustible del interés al fuego del ingenio”. Quedaba claro que aquella política ya no pertenecía únicamente a una generación de fundadores; pertenecía ya a toda una nación.
Aquella convicción terminó por arraigarse en la cultura estadounidense. Prueba de ello es que Mark Twain imaginó en Un yanqui en la corte del rey Arturo que una de las primeras instituciones que debía crear un gobernante decidido a modernizar un reino era, precisamente, una oficina de patentes. No era una ocurrencia de ficción. Reflejaba una forma de entender el desarrollo económico y el papel que la innovación debía desempeñar en él.
Aquella política de Estado no terminó con Lincoln ni quedó atrapada en los libros de historia. Administración tras administración, Estados Unidos ha reiterado que la innovación y la propiedad intelectual forman parte de su competitividad, así como de su seguridad económica y tecnológica. 250 años después, aquella política ocupa un lugar en la Oficina Oval.
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