Andree Manuel Cervantes de Celis
Tengo treinta años. Como muchos jóvenes de mi generación, cuento con algunas certezas y muchas dudas. Tengo estudios, trabajo, proyectos personales y expectativas de formar una familia. Sin embargo, hay una pregunta que cada vez aparece con mayor frecuencia en las conversaciones cotidianas de quienes compartimos esta etapa de vida: ¿dónde vamos a vivir?
Lo que hace apenas unos años parecía una preocupación individual se ha convertido en un fenómeno colectivo. Para miles de jóvenes y familias trabajadoras, acceder a una vivienda digna dentro de la Ciudad de México ha dejado de ser una meta razonablemente alcanzable para convertirse en una aspiración cada vez más distante.
La vivienda es mucho más que un techo. Es tiempo de vida, acceso a oportunidades, cercanía al empleo, convivencia familiar, seguridad, comunidad y futuro. Sin embargo, en muchas ciudades mexicanas, y particularmente en la capital del país, el acceso a la vivienda bien ubicada se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad urbana.
Mientras los precios del suelo y de la vivienda continúan incrementándose en las zonas con mejor infraestructura, equipamiento y conectividad, miles de familias son desplazadas hacia periferias cada vez más alejadas. El resultado es conocido: largas horas de traslado, mayores costos de movilidad, menor calidad de vida y una creciente desconexión entre los lugares donde las personas viven y aquellos donde desarrollan sus actividades cotidianas.
La paradoja es evidente. Las ciudades concentran empleo, educación, servicios de salud, cultura y oportunidades económicas; sin embargo, quienes sostienen buena parte de esas actividades son expulsados progresivamente hacia territorios cada vez más distantes.
La consecuencia es una nueva forma de segregación urbana. No se trata únicamente de diferencias de ingreso. Se trata de la capacidad de acceder a la ciudad misma.
“Cuando la vivienda se aleja del empleo, de los servicios y del transporte, la distancia termina convirtiéndose en una nueva forma de desigualdad.”
La respuesta a este problema no puede limitarse a construir más vivienda en cualquier lugar disponible. La experiencia de las últimas décadas demuestra que los desarrollos alejados de los centros urbanos suelen generar elevados costos sociales, económicos y ambientales.
La solución requiere una visión distinta.
Es necesario identificar y aprovechar predios subutilizados dentro de las áreas urbanas consolidadas, promover proyectos de densificación bien planificados, recuperar corredores urbanos deteriorados y fomentar modelos de desarrollo que integren vivienda, comercio, servicios, espacios públicos y movilidad sostenible.
La vivienda social debe dejar de entenderse como una obligación marginal de la política pública para convertirse en un componente estratégico de la planeación urbana. No basta con construir edificios; es indispensable construir ciudad.
Asimismo, el Estado debe asumir un papel más activo en la gestión del suelo urbano. La función social de la propiedad, reconocida en nuestro marco jurídico, debe traducirse en instrumentos que permitan generar reservas territoriales, recuperar plusvalías urbanas y facilitar proyectos habitacionales accesibles para los sectores que hoy encuentran cerradas las puertas de la ciudad.
Pero quizá el mayor desafío consiste en recuperar una idea que parece haberse perdido: la vivienda es una inversión social, no únicamente una mercancía.
Cuando una familia puede vivir cerca de su trabajo, de su escuela, de sus redes de apoyo y de los servicios que necesita, toda la ciudad funciona mejor. Se reducen los tiempos de traslado, disminuyen las emisiones contaminantes, se fortalecen los vínculos comunitarios y aumenta la productividad urbana.
Por el contrario, cuando la vivienda se vuelve inaccesible y obliga a millones de personas a desplazarse cada vez más lejos, la ciudad entera paga las consecuencias.
Conclusiones
La crisis de vivienda que hoy enfrentan miles de jóvenes y familias mexicanas no es únicamente un problema inmobiliario. Es un problema de justicia urbana.
Las ciudades no pueden seguir expulsando a quienes las hacen funcionar todos los días. Policías, maestros, enfermeras, trabajadores del comercio, técnicos, profesionistas, empleados de servicios y millones de personas más tienen derecho a habitar la ciudad que contribuyen a construir.
La vivienda social digna debe regresar al centro de la agenda pública. No como un programa asistencial ni como una cifra de cumplimiento gubernamental, sino como un instrumento para garantizar el derecho a la ciudad y construir comunidades más equitativas, sostenibles e incluyentes.
Porque una ciudad que expulsa a sus habitantes termina perdiendo aquello que la hace verdaderamente valiosa: su gente.
Arquitecto.
Alumno de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano Universidad Iberoamericana
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