Por Cecilia de la Paz Pelletier Bravo
Una ciudad puede crecer, atraer inversiones, construir grandes avenidas, centros comerciales y nuevos desarrollos y, al mismo tiempo, mantener colonias enteras sin acceso suficiente a servicios básicos, equipamientos, movilidad o vivienda adecuada. La pobreza urbana no siempre está en la periferia ni resulta evidente: muchas veces convive, a pocas calles de distancia, con las zonas de mayor prosperidad.
Durante años, la pobreza se asoció principalmente con la falta de ingresos. Sin embargo, esta visión resulta insuficiente para comprender las condiciones reales en las que viven millones de personas. Una familia puede tener empleo y, aun así, habitar una vivienda precaria, carecer de servicios de salud o seguridad social, enfrentar dificultades para acceder a una alimentación adecuada o vivir en un entorno con infraestructura deficiente.
La metodología desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) permitió avanzar hacia una medición multidimensional de la pobreza, incorporando no solamente el ingreso, sino también carencias relacionadas con derechos fundamentales como educación, salud, seguridad social, alimentación, calidad y espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos.
Pero quizá una de sus aportaciones más relevantes para quienes pensamos y planeamos las ciudades consiste en mirar más allá de los promedios. Las cifras municipales pueden describir una realidad general y, sin embargo, ocultar enormes diferencias al interior de un mismo territorio.
En un mismo municipio pueden coexistir colonias con infraestructura de calidad, servicios, equipamientos y buenas condiciones de accesibilidad, junto a otras con calles sin pavimentar, alumbrado insuficiente, transporte deficiente, espacios públicos deteriorados o viviendas sin servicios adecuados. El promedio puede indicar una condición aceptable mientras existen territorios específicos donde distintas carencias se acumulan.
Por ello resulta fundamental observar la pobreza desde una escala territorial más precisa. La metodología para estimar el indicador de pobreza por localidad urbana permite aproximarse con mayor detalle a estas diferencias y reconocer dónde se concentran las necesidades. Para ello se combina información censal, estadística y territorial mediante herramientas que permiten realizar estimaciones incluso en localidades donde la información disponible es limitada.
Esta forma de observar las ciudades cambia sustancialmente la discusión. Ya no basta con preguntarnos cuántas personas viven en pobreza dentro de un municipio; necesitamos saber dónde viven, cuáles son las carencias que enfrentan y cómo se relacionan éstas con las condiciones del territorio.
Y ahí comienza la responsabilidad de la planeación urbana.
Los datos pueden mostrar que determinadas zonas concentran rezagos en vivienda, servicios, infraestructura o acceso a derechos. Si esa información se cruza con la disponibilidad de transporte público, equipamientos educativos y de salud, espacios públicos, áreas verdes, condiciones de accesibilidad y oportunidades de empleo, podemos construir una lectura mucho más completa de la desigualdad urbana.
La pobreza deja entonces de ser solamente una cifra y adquiere una dimensión territorial.
Esto es particularmente relevante en un país predominantemente urbano. El crecimiento económico de una ciudad no necesariamente significa que sus beneficios lleguen de manera equitativa a toda la población. Dentro de una misma ciudad pueden coexistir territorios altamente competitivos y bien servidos con otros donde las oportunidades disminuyen drásticamente. Prosperidad y pobreza pueden compartir incluso la misma geografía urbana.
Medir para transformar
Conocer dónde se concentra la pobreza no puede convertirse únicamente en un ejercicio estadístico. La verdadera utilidad de esta información comienza cuando se transforma en decisiones sobre el territorio. Si sabemos en qué colonias se acumulan las mayores carencias, también podemos determinar dónde deben concentrarse primero la inversión pública, los servicios, la infraestructura y las oportunidades.
Esto exige pasar de políticas generales a intervenciones territoriales focalizadas: priorizar agua potable, drenaje y pavimentación donde las carencias sean mayores; mejorar la conectividad mediante transporte público y movilidad segura; recuperar parques y espacios públicos; acercar escuelas, centros de salud y equipamientos sociales, y orientar los programas de mejoramiento urbano y vivienda hacia aquellos territorios donde distintas vulnerabilidades se superponen.
Pero existe una condición adicional: esta información debe incorporarse sistemáticamente a los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial. Los mapas de pobreza y carencias no deberían permanecer como documentos estadísticos aislados; tendrían que convertirse en una capa fundamental para decidir dónde invertir primero, qué infraestructura construir y qué territorios requieren atención prioritaria.
También permitirían establecer prioridades presupuestales mucho más transparentes. Frente a recursos públicos siempre limitados, la evidencia territorial puede ayudar a sustituir decisiones coyunturales o discrecionales por criterios objetivos de necesidad, impacto social y reducción de desigualdades.
Una ciudad no puede considerarse verdaderamente próspera mientras una parte de sus habitantes permanezca al margen de sus oportunidades. Medir la pobreza permite hacer visible la desigualdad; planear con esa información permite comenzar a corregirla.
El desafío, por tanto, ya no consiste solamente en saber dónde está la pobreza. Consiste en lograr que el presupuesto, la infraestructura y la política urbana lleguen primero a donde más se necesitan.
Bibliografía
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2023). Metodología para la estimación del indicador de pobreza por localidad urbana 2020. CONEVAL.
Es coordinadora de Urbanismo con Perspectiva de Género AMU Representación Coahuila
contacto@amu.org.mx