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Por unanimidad de 47 votos a favor, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política en materia de extorsión, a fin de otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en ese tema.
Con el cambio constitucional propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso podrá expedir una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.
La iniciativa argumenta que la extorsión ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Además, existe una diversificación de tipos, debido a que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, lo que complica su combate.
Señala que el delito de extorsión cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión y para la creación de una ley general que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente el delito descrito.
Preocupa delito de extorsión en México
La senadora del PAN Verónica Rodríguez, anunció el voto de su partido a favor de esta iniciativa. “Para que un problema se pueda solucionar es menester reconocer que existe y Acción Nacional acompañará este dictamen, porque la iniciativa de la presidenta de la República reconoce que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”.
Dijo que la extorsión es uno de los delitos que más lastiman a las familias mexicanas y a los sectores productivos. “Según datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito ha tenido un crecimiento alarmante, afectando principalmente a comerciantes, empresarios, productores del campo y transportistas, pero también a miles de ciudadanos en su vida cotidiana”, apuntó.
La senadora priista Carolina Viggiano indicó que su grupo parlamentario también apoyará esta reforma “porque queremos que se acabe la extorsión, que afecta a millones de mexicanos, porque muchos ni siquiera denuncian, porque hay represalias contra ellos. Obviamente afecta la economía del país”.
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Lamentó que se haya dejado crecer tanto este delito, que se genera en un 80 por ciento desde las cárceles.
“¿Por qué carajo los gobernadores no hacen su trabajo? ¿Cómo es posible que los gobernadores no hagan esa tarea cotidianamente, que hagan sorpresivamente esas revisiones? Eso evitaría muchas cosas, ahí van a encontrar armas, van a encontrar droga, van a encontrar celulares, van a encontrar infinidad de cosas. O sea, ¿por qué no combatimos la extorsión haciendo cada quien lo que nos toca?”, cuestionó.
“Por lo menos en este caso el PRI va a votar a favor para que se pueda legislar más adelante. Queremos participar, por supuesto, y vamos a trabajar, pero exigimos una buena implementación, una buena coordinación, y que haya recursos, y que haya capacitación”, enfatizó.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo a Colosio, recalcó que en los últimos años la extorsión se ha multiplicado a nivel nacional.
“Los registros pasaron de entre 400 y 500 carpetas mensuales en 2015 a un promedio cercano a 800 en el 2025. Y por si fuera poco, este delito es quizás el mejor ejemplo de cómo opera la cifra negra en México, porque sabemos que menos del uno por ciento de las extorsiones en nuestro país son llevadas a denuncia, lo que significa que por más que nos nutran los datos oficiales, siempre estamos a través de los datos oficiales viendo una fracción mínima de la realidad”, expuso.
Por Morena, Cynthia López que el daño económico que provoca la extorsión equivale al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y este delito afecta principalmente a la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, entre otras entidades.
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“No puede haber penas como en el caso de Oaxaca, donde sea de uno a tres años que se castigue, en Chihuahua tenemos de cinco a 30 años, en la Ciudad de México está de otra manera. Se tiene que homologar”.
El dictamen aprobado en comisiones será discutido y votado la próxima semana en el pleno del Senado.
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