Artículo 19, organizaciones civiles y colectivos de víctimas condenaron enérgicamente la reciente determinación de la (SCJN), luego de que resolvió que la reforma a la , por la que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas, es constitucional.

A través de un comunicado, sostuvieron que el Máximo Tribunal “ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.

“Más grave resulta que la decisión elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral sea adoptada vulnerando el principio de ‘cosa juzgada’ y la garantía de seguridad jurídica, situación que ya había sido decidida por la integración anterior de la Corte”, dijeron.

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En ese sentido, indicaron que la decisión de la nueva Corte representa un enorme retroceso en materia de, “pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”.

Aunado a ello, explicaron que dicha medida vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad.

Ante ello, instaron al Alto Tribunal a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.

Además, solicitaron al y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas y que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.

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Asimismo, demandaron que las autoridades federales y estatales aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones, obstáculos estructurales ni desmantelamiento de instrumentos de asistencia y reparación.

Las organizaciones y colectivos de víctimas también hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que mantenga vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas.

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mahc/em

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