La organización Artículo 19 condenó el "abuso de poder" contra los periodistas Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández, ambos del periódico La Última Palabra ubicado en Juárez, Nuevo León y quienes han sido objeto de hostigamiento por parte de corporaciones de seguridad pública en la entidad.
En un comunicado, la organización exhortó a la Fiscalía de Nuevo León dar seguimiento a las denuncias de los periodistas hechas desde hace más de un mes y pidió sancionar a los responsables, además hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que otorgue medidas de protección.
Agentes irrumpen en domicilio de la periodista Teresa de Jesús
Detalló que en el caso de la periodista Teresa de Jesús, quien centra su trabajo en temas de corrupción y política, el pasado 16 de diciembre del 2025 sujetos armados y vestidos de civil a bordo de patrullas de Fuerza Civil estatal y policía municipal, irrumpieron sin una orden judicial en su domicilio.
Durante el operativo, los elementos se llevaron teléfonos y su gafete periodístico, además de que sacaron por la fuerza a su pareja y a su hijo menor mientras decían que el objetivo principal era la comunicadora. La periodista relató a la organización que su pareja fue detenida arbitrariamente bajo acusaciones presuntamente fabricadas, mientras que su hijo fue llevado al DIF municipal por varias horas.
Miguel Óscar Pérez fue interceptado por policías de Juárez
En tanto, en el caso de Miguel Óscar Pérez, la organización defensora de la libertad de expresión compartió que el pasado 12 de diciembre de 2025, el periodista fue interceptado por policías municipales mientras realizaba su labor periodística documentando un bache en la vía pública.
Relató que un agente encapuchado y armado, llegó a bordo de una patrulla sin placas y lo retuvo bajo el argumento de un supuesto “reporte delictivo”. En consecuencia, el comunicador inició una transmisión en vivo mientras que su vehículo fue remolcado porque supuestamente existían “adeudos de refrendos”.
El periodista presentó quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un juicio de amparo, obteniendo una suspensión de plano por parte de un juez federal.
Artículo 19 expresó su rechazo por el hostigamiento por parte de los elementos de seguridad estatal y recordó que en ambos casos hay formas de intimidación que generan un silenciamiento de notas periodísticas, principalmente las que exponen deficiencias y omisiones de autoridades municipales.
Finalmente la organización pidió al gobierno de Nuevo León y al Municipio de Juárez cesar toda forma de hostigamiento y represalia contra la prensa y garantizar el libre ejercicio periodístico.
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