En materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma ideas del llamado “Plan B” como reducir el Congreso, reemplazar al INE por el INEC y elegir a las consejerías y magistrados por voto popular.
La iniciativa de reforma del Ejecutivo retoma el intento de suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente, que asumiría la función de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
En los artículos transitorios da un plazo de un año para renovar las consejerías electorales del INEC y las magistraturas del TEPJF, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República tendrán un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria respectiva.
“Para la integración del INEC, se elegirán a siete personas consejeras y presidirá el organismo aquélla que haya obtenido la mayor votación. En lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF, se elegirán también a las siete personas magistradas; la presidencia se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de cuatro años”, expone.
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En su reforma constitucional, plantea reducir a los integrantes del Congreso, de modo que queden 300 integrantes en la Cámara de Diputados y 64 en el Senado.
La elección se realizaría mediante el sistema de mayoría relativa uninominal, votados de manera directa y secreta por la ciudadanía en cada uno de los distritos electorales, y en el caso de la Cámara de Diputados, la representación no puede ser menos a dos legisladores por estado.
Otro punto es la elección de consejerías del INE, magistrados del Tribunal Electoral, ministros y jueces sean elegidos mediante el 50% financiamiento público para campañas y prerrogativas de partidos políticos.
Además, propuso reducir del 40% a 30% la participación en las consultas populares y revocación de mandado, a fin de que los resultados sean vinculantes.
Amplía el catálogo de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular, incluyendo el sistema fiscal (sus bases, tasas y tarifas), así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional.
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En cambio, plantea que sí puedan ser objeto de discusión la materia electoral y a las obras de infraestructura en ejecución.
Otros puntos son la disminución de los regidores a nivel municipal, así como reducir el “uso excesivo” de estructuras burocráticas electorales.
Busca elevar a rango constitucional el uso de tecnologías de la información para impulsar el voto electrónico, aunque advierte que antes de implementarlo en su totalidad “se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos”.
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