A un año de la reforma judicial, Jufed denuncia “error histórico”; advierte una SCJN sin legitimidad

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) aseguró que, a un año de la reforma judicial, los hechos confirman la advertencia de juristas y especialistas: no se fortaleció la justicia, sino que se profundizó la incertidumbre institucional.

En un pronunciamiento, se refirió a esta modificación constitucional como un “error histórico” que ha tenido un impacto negativo en la impartición de justicia, la independencia judicial y los derechos de quienes integran la carrera judicial.

“Este primer año ha estado marcado por incertidumbre institucional, incumplimientos de obligaciones legales y decisiones que han afectado derechos previamente reconocidos”, alertó.

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De acuerdo con la Jufed, una de las afectaciones más graves corresponde al incumplimiento en la obligación de cubrir el pago extraordinario y pensiones complementarias correspondientes a personas juzgadoras, cuya separación del cargo derivó de la propia reforma.

“Este primer año también ha estado acompañado por procedimientos administrativos, investigaciones y otras acciones que han generado un ambiente de presión e incertidumbre, así como por el sobreseimiento de diversos juicios de amparo promovidos”, añadió.

En ese panorama, la asociación consideró que el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha quedado a deber en materia de protección efectiva de los derechos y de la consolidación de su independencia, así como por la falta de conocimiento y la “débil preparación” de sus integrantes.

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“El balance de sus decisiones en asuntos de relevancia coyuntural muestra una tendencia preocupante, ya que en numerosos casos las determinaciones han favorecido a la autoridad o a las posiciones del oficialismo”, manifestó.

Por ello, aseveró que hay cuestionamientos serios sobre la independencia con la que deben actuar los ministros del Alto Tribunal.

“Exigimos con contundencia la restitución de una verdadera independencia judicial y el establecimiento del Estado de derecho en México, lo cual sólo es posible con un sistema integrado por personas servidoras públicas altamente capacitadas y de excelencia técnica”, concluyó.

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