Tolerancia Cero... a los menores migrantes

Washington

Constantin Mutu es, según el acuerdo generalizado, la víctima más joven de la política de separación de familias impulsada hace un año por la administración de Donald Trump como elemento de disuasión contra los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. La historia de Mutu, contada por The New York Times en su nueva serie televisiva The Weekly, es escalofriante: separado de su padre con cuatro meses, estuvo cinco meses con una familia de acogida hasta que fue reunificado con su gente. O, lo que es lo mismo: la mayor parte de su vida la había pasado lejos de los brazos de sus progenitores.

La historia de Mutu, de regreso en Rumania, es una de las miles de una política de Tolerancia Cero que se convirtió en símbolo de la hostilidad del presidente y su gobierno por las decenas de miles de migrantes de todo el mundo, especialmente centroamericanos, que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México sin documentos en regla.

Los contrarios a la separación familiar están de aniversario: hoy se cumple un año de que el juez federal Dana Sabraw no sólo consideró las separaciones inconstitucionales, sino que obligó al gobierno a reunificar con un calendario más que estricto. Fue ahí cuando todo el mundo se dio cuenta de que la desgarradora Tolerancia Cero nunca tuvo un plan de acción ni intención real de reunir de nuevo a las familias separadas, algo que se demostró con la falta de registro y seguimiento de los casos.

En las seis semanas que se aplicó la medida —hasta que Trump firmó la orden ejecutiva prohibiéndola, acorralado por la presión social—, fueron separados cerca de 3 mil menores, aunque un análisis de un comité independiente del gobierno estima que es probable que haya “miles” de casos que no se conocen.

Según los últimos documentos judiciales, han sido reunificados 2 mil 773, pero no son los únicos casos y se estima que, a pesar de la orden ejecutiva de Trump y las decisiones judiciales, las separaciones no se frenaron: según los datos de la American Civil Liberties Union (ACLU), más de 700 familias han sido separadas aprovechando los vacíos legales y la poca consistencia y concreción en sus manuales o guías para determinar en qué casos sí hay que separarlos; un centenar de ellas, con menores de cuatro años. De seguir la tendencia, auguran que a finales de verano la cifra podría llegar al millar.

“En los últimos meses este tipo de separaciones han aumentado drásticamente”, decía hace poco Lee Gelernt, principal abogado de la asociación proderechos civiles en el caso que hay en los tribunales sobre la separación familiar.

Es un patrón de conducta que, como escribió recientemente la columnista del The New York Times Michelle Goldberg, es “familiar”: “Primero Trump conmociona el país con su crueldad, causando caos y terror. La gente protesta, la administración recula o una corte interviene. Una vez pasa la tormenta, la gente de Trump vuelve a intentarlo otra vez”. Hay varios reportes de prensa que aseguran que el magnate, hace unos meses, insistió en volver a aplicar (y en condiciones más duras) la separación familiar, algo que lo enfrentó a su equipo de seguridad nacional y, en parte, provocó la purga de hace unas semanas.

“Cuando no lo haces [separar familias], llega mucha más gente a la frontera... Creen que es como ir de pícnic o Disneylandia”, llegó a decir el presidente para justificar la medida. Su administración incluso estudió aplicar la conocida “opción binaria”: dejar en manos de los padres, en una decisión vital, si seguían encarcelados sin límite de tiempo o los separaban de sus hijos.

La semana pasada, en dos entrevistas diferentes (una a la revista Time, otra al canal hispano Telemundo), Trump retomó el argumento de que la culpa de las separaciones familiares fue de la administración anterior de Barack Obama y que él, por el contrario, reunificó familias.

Lo cierto es que con Obama las separaciones eran “raras”; Trump las convirtió en política activa de infusión de miedo entre refugiados y elemento de disuasión para aquellos que quisieran cruzar la frontera con sus familiares.

Las separaciones empezaron mucho antes de lo que el gobierno confesó: hay pruebas de que iniciaron en julio de 2017, muchos meses antes de que el gobierno aceptara que estaba aplicando la política y casi un año antes de la orden del juez de iniciar las reunificaciones. Las reunificaciones que se han dado hasta ahora son, mayoritariamente, sólo de aquellos que estaban bajo custodia del gobierno cuando actuó la justicia.

El descalabro es tan agudo que el gobierno confesó que necesitará dos años para identificar a todos los afectados por la política de Tolerancia Cero. El juez Sabraw únicamentes les dio seis meses (hasta el 25 de octubre), urgido y preocupado por las secuelas y consecuencias negativas en los menores.

Todos los niños arrancados de sus padres son puestos en albergues temporales hasta su reunificación o envío a familias de acogida. Albergues sobresaturados y en condiciones deplorables.

El apogeo de las críticas llegó cuando una abogada del gobierno dijo en una corte que los niños migrantes no merecían tener acceso a jabón o cepillos de dientes.

La reacción fue apabullante. “Los piratas somalíes me dieron jabón y cepillo de dientes”, tuiteó Michael Scott Moore, escritor secuestrado por dos años y medio. Otro periodista, David Rhode, le respondió que en sus siete meses recluido en poder de los talibanes también recibió esos enseres.

Condenado por la opinión pública, el gobierno se vio obligado a tras- ladar a centenares de menores del centro hacinado a otra instalación, donde seguirán detenidos.