San José. – Ni el mortal e implacable azote del coronavirus ni su efecto social de más miseria compadecieron a los generales y coroneles que comandan a las fuerzas armadas de América Latina y el Caribe : con el alegato de reforzar la seguridad, el gasto militar de 20 de los 33 países del área subió mil 192.3 millones de dólares de 2019 sin Covid-19 a 2021 con pandemia.
El presupuesto militar de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Guyana, Ecuador, Bolivia, Belice, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Trinidad y Tobago pasó de 52 mil 810.5 millones de dólares en 2018 y 52 mil 828.3 millones de dólares en 2019 a 54 mil 538.8 millones de dólares en 2020 y 54 mil 20,6 millones de dólares en 2021.
México pasó de un gasto militar de 2 mil 700.7 millones de dólares en 2006 —cuando empezó la guerra al narcotráfico— a 7 mil 772.8 millones de dólares en 2021.
El máximo hasta ahora en el siglo XXI en México ocurrió en el apogeo de la pandemia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 8 mil 44.9 millones de dólares en 2020 sus fuerzas armadas, solo superado por Brasil (18 mil 746.8 millones de dólares) y Colombia (10 mil 6.3 millones de dólares).
Los datos fueron aportados por el (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), que estudia la situación militar global y se basa en estadísticas oficiales y propias.
“La militarización preocupa y refleja el incremento del gasto”, adujo la abogada mexicana Érika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional (AI), foro mundial y no estatal de derechos humanos con sede en Londres.
“Se ha expandido el control por parte de los militares en el caso muy claro de México. (…) Los militares hoy controlan prácticamente toda la esfera económica (mexicana)”, narró Guevara a EL UNIVERSAL.
“Se les dio la administración de aeropuertos, aduanas, el Tren Maya [Quintana Roo] en construcción. A la (Secretaría de) Marina se le entregó el control del ingreso aeroportuario, es decir de migración. Así siguen expandiendo su control sobre todo el territorio y lo que se conoce como proyectos de desarrollo”, aseveró.
“Aumentar el gasto para armamento es un perjuicio enorme en países donde se militariza la respuesta al descontento social. En casos extremos y radicales, como Nicaragua o Venezuela, o en estallidos sociales en Chile, Colombia, Ecuador o Bolivia, adquirir lo que se conoce como armamento menos letal genera graves violaciones a los derechos humanos”, describió.
Aunque el recuento oficial de la emergencia sanitaria sin precedentes en el hemisferio occidental mostró que la pobreza extrema y moderada en América Latina y el Caribe creció de 185.5 millones de personas en 2019 a 230.9 millones en 2020 entre sus 661 millones de habitantes, el presupuesto castrense de los 20 bajó apenas 518.2 millones de dólares de 2020 a 2021.
Con datos oficiales de ayer, los 20 sumaron un millón 574 mil 385 decesos por el virus y un millón 610 mil 2 en los 33.
“Es una verdadera vergüenza continental lo que estamos viendo hoy con los incrementos de los presupuestos militares de esos países”, afirmó el diplomático y abogado costarricense Enrique Castillo, excanciller y exembajador de Costa Rica en Reino Unido, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Los ejércitos son un lastre que deteriora el desarrollo. Son una vergüenza histórica, como origen de dictaduras y de violación a los derechos humanos, y como amenaza a sus vecinos y para reprimir a sus pueblos. Las dificultades de los sectores pobres hacen todavía mucho más vergonzoso gastar más en armas, soldados, municiones”, aseguró Castillo a este periódico.
“Esto muestra la baja calidad de la democracia”, alegó, por su parte, el politólogo, sociólogo y relacionista internacional boliviano Franco Gamboa, profesor de Estudios Latinoamericanos y Política Comparada en la (no estatal) Universidad Marymount, de Virginia, Estados Unidos.
“Aumentar gasto militar pese a la prioridad social se explica de manera siniestra: las democracias latinoamericanas necesitan a las fuerzas armadas para su estabilidad política, sobre todo donde las tendencias autoritarias crecen con demasiada influencia. La crisis de la democracia en la zona estimula ese aumento”, dijo Gamboa a este diario.
“Hay correlación entre incremento del gasto militar, problema de gobernabilidad en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Brasil e incluso México y poca posibilidad (…) en las democracias para ejecutar políticas de equidad social”, puntualizó.
Con excepción de Colombia (3.40%), Ecuador (2.46%) y Uruguay (2.26%), el consumo castrense de recursos públicos en las restantes 17 quedó debajo del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021. México reportó 0.68%.
Pero la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que integra el aparato de la Organización de Naciones Unidas (ONU), precisó que el gasto público en salud en América Latina y el Caribe equivalió en 2021 al 3.8% del PIB y “lejos” del 6% pedido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (también de la ONU ).
“Lo más absurdo es la evidencia histórica del grave error de involucrar a los ejércitos en tarea de policía y seguridad interna, como México”, relató a este diario el abogado, diplomático y consultor internacional boliviano Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en la OEA.
“Es una fuerza preparada para conflictos internacionales y, desde el uso de armamento hasta sus reglamentos represivos, es muy distinta y puede causar verdaderas tragedias”, alertó.
El Covid-19 y su daño paralelo iniciaron su ataque a la zona en 2020 y lo mermaron en 2022 con saldos negativos en miseria, migración irregular, violencia criminal, inseguridad ciudadana, derechos humanos… y más gasto militar.
De los 35 países de América, SIPRI integra a EU y Canadá y deja fuera a Costa Rica y Panamá por carecer de ejército, mientras que los datos de Cuba, de ocho de las 12 excolonias de Reino Unido en América y de Surinam no están disponibles. El de Venezuela es parcial.
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