ONG condenan en la CIDH política migratoria mexicana
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el relator de migrantes del organismo, Luis Ernesto Vargas, ayer. Foto: TOMADA DE TWITTER

ONG condenan en la CIDH política migratoria mexicana

28/09/2019
04:23
Redacción
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Gobierno dice que se respetan los derechos de los indocumentados

Organizaciones de la sociedad civil condenaron ayer en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la política migratoria del gobierno mexicano, que reiteró su compromiso con los derechos humanos de los indocumentados.

Los inconformes declararon que la estrategia del gobierno mexicano “privilegia la seguridad nacional, intereses comerciales y militarización. Lo anterior obstaculiza la identificación de necesidades de protección de migrantes y solicitantes de asilo”.

Luis Ernesto Vargas, relator de migrantes y desplazados del organismo interamericano, afirmó que la República es “lugar de origen, tránsito, destino y retorno”, por lo que, aseguró, se enfrentan “desafíos de protección de migrantes y solicitantes de asilo”.

El gobierno emitió un comunicado en el que afirmó: “El Estado mexicano prioriza el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes que ingresan a territorio nacional, en cada una de estas etapas”, por lo cual expresó su apoyo irrestricto al Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular.

“Se reiteró que históricamente se ha impulsado un enfoque de la migración centrado en la persona, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes (NNA), mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y las personas de la comunidad LGBTI”.

Además, la gestión reconoció los retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de migración y asilo en las circunstancias actuales.

Reclamo de familiares. Durante las plenarias de la CIDH, víctimas de desaparición forzada también narraron las dificultades en las investigaciones de feminicidio en la nación, por ejemplo, Paula Flores, madre de Sagrario González, relató la búsqueda para encontrar a su hija desaparecida en 2000.

Ella denunció la falta de efectividad en la investigación. En respuesta, el Estado propuso una “solución con el objetivo de dar una reparación integral de las víctimas y continuar las investigaciones por los feminicidios”.

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