Ombudsman de Iberoamérica pide a México y EU proteger a migrantes

En un acuerdo por unanimidad, las defensorías del pueblo de América Latina y el Caribe, España, Portugal y Andorra advirtieron que las caravanas son una migración forzada

Federación Iberoamericana del Ombudsman
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Mundo 25/11/2018 17:29 José Meléndez, corresponsal Actualizada 17:32
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San José.- La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), pidió adoptar medidas urgentes de protección a los derechos humanos de las caravanas de migrantes irregulares centroamericanos que están en la frontera entre México y Estados Unidos tras viajar en las últimas semanas, a pie y sin visa estadounidense, desde Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

La resolución, adoptada por unanimidad por la FIO en su XXIII Asamblea General que se realizó el pasado jueves en Andorra, un país europeo entre Francia y España, fue difundida hoy en Centroamérica por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Una copia del documento, que aseguró que se trata de un fenómeno masivo de “migración forzada”, está en poder de EL UNIVERSAL.

La FIO instó a las diversas instituciones del sistema de la Organización de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la paraestatal Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI), a que adopten medidas preventivas y de supervisión para garantizar la protección de los migrantes.

El CONADEH informó que, de acuerdo con la decisión, se pidió reforzar las acciones humanitarias necesarias para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en tránsito y las que ya están en la frontera entre México y EU, donde es necesario acentuar la protección de los derechos humanos.

La FIO exhortó a México y EU atender cumplidamente sus obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos, derecho humanitario internacional y derecho internacional de refugiados. También pidió defender las obligaciones contenidas en sus propias constituciones y normativas legales internas, para generar condiciones necesarias para la realización de movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad.

El proyecto de resolución fue presentada por el hondureño Roberto Herrera Cáceres, jerarca del CONADEH, en una asamblea presidida por la puertorriqueña Miriam Ruiz Class, procuradora del Ciudadano de Puert0 Rico. La FIO está conformada por las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Detalles. La resolución del FIO recordó que, en una corriente de viajeros que se inició a mediados de octubre en Honduras, miles de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses se integraron a las distintas caravanas de migrantes irregulares que, tras ingresar a México, buscan llegar a la frontera de ese país con EU.

Estimulado por razones internas de violencia, inseguridad, pobreza e inestabilidad política, el flujo prosigue hacia las zonas limítrofes entre México y EU pese a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de impedir su ingreso a esa nación luego de alegar que se trata de una invasión, por lo que movilizó a tropas de la Guardia Nacional a las áreas fronterizas.

Entre otros argumentos, la FIO recordó que “se ha estado produciendo, por primera vez, en la región americana, un fenómeno inusual de personas centroamericanas, en su mayoría de sectores vulnerables, decididas a migrar forzadamente y con la voluntad de hacerlo en grupo, por medio de caminatas o caravanas hacia el norte de América”.

Es un “fenómeno migratorio masivo, mixto y complejo que (tras) ser inicialmente conformado por grupos de nacionalidad hondureña, se amplió posteriormente y devino un grupo centroamericano de migrantes forzados de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua”.

“Las causas estructurales de esa migración forzada son la pobreza, agravada por el desempleo, el alza de precios de la canasta básica, la desprotección del consumidor o usuario, el alza de tarifas de servicios públicos y la falta de calidad y asequibilidad a los mismos; y la inseguridad derivada de la violencia en especial de pandillas y crimen organizado que se ensaña sobre los más pobres y socialmente vulnerables”, aseguró.

La FIO alertó que “ante lo inesperado de esa corriente masiva, su magnitud y características, las instituciones del Estado de Honduras, El Salvador, Guatemala y México fueron rebasadas en sus instalaciones y capacidades humanas, habitualmente asignadas para verificar la regularidad del movimiento migratorio de personas individuales y grupos pequeños de migrantes, recibir y tramitar solicitudes de asilo, atender necesidades humanitarias de migrantes individuales, en su paso por diferentes departamentos o Estados de tránsito o de destino”.

La Federación solicitó a todas las instancias estatales y no estatales involucradas en el conflicto “adoptar todas las medidas preventivas y de supervisión, así como a tomar las acciones humanitarias necesarias en función de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en tránsito y las que ya están en la frontera entre México y EU, donde hay que acentuar la protección de los derechos humanos”.

Asimismo, pidió a México y EU “atender cumplidamente sus obligaciones” de diversos instrumentos del derecho internacional y a las contenidas en sus constituciones y sus normativas legales internas, “generando las condiciones necesarias para la realización de los movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad”.

rmlgv

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