Miami. La muerte de Isabella Gonzales expone una contradicción política brutal: la joven hispana de 19 años fue enviada a proteger una base estadounidense en Jordania y murió durante un ataque iraní.
El presidente estadounidense, Donald Trump, alegó que ella, al igual que otros 17 efectivos caídos en este conflicto, son “patriotas”. Pero en suelo estadounidense, Trump ha convertido a las comunidades latinas en el principal objetivo de una campaña de detenciones masivas.
Gonzales aceptó el riesgo de morir por el país apenas un año después de salir de la preparatoria. Mientras ella luchaba por el país que la vio crecer, ciudadanos estadounidenses de apellido hispano eran interrogados por agentes migratorios, padres de militares eran detenidos, familiares de soldados enfrentaban procesos de expulsión y veteranos que combatieron por Estados Unidos eran enviados a países que dejaron cuando eran niños.
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“El presidente Trump hizo campaña con la promesa de realizar deportaciones masivas y no eximió a los militares, los veteranos ni a sus familias”, se quejó Margaret Stock, teniente coronel retirada del Ejército y abogada especializada en inmigración militar.
Su familia describe a Isabella como “una joven fuerte, valiente, ingeniosa y muy divertida”. Sus amigos Misael Galdamez y Zuleyka Acosta la recuerdan como una joven “muy extrovertida, era espontánea, leal, optimista y le encantaba bailar”.
Como ella, muchos hispanos que viven en EU ven en el ejército una opción para salir adelante, y la fuerza militar estadounidense depende cada vez más de ellos.
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De acuerdo con datos del Departamento de Guerra, hasta septiembre de 2024 había 258 mil 663 hispanos o latinos entre un millón 267 mil 738 militares en servicio activo, lo que representa alrededor de 20.4% de las fuerzas armadas estadounidenses: 235 mil 376 formaban parte del personal enlistado y 23 mil 287 eran oficiales. Otros 130 mil 368 servían en la Guardia Nacional y en las reservas. Si se suma a los931 reservistas hispanos de la Guardia Costera, el universo documentado alcanza 389 mil 962 militares de origen hispano.
“El gancho, cuando la vocación no lo es todo, se da en los ofrecimientos de apoyo para una educación universitaria, un salario, una capacitación técnica, la atención médica y la estabilidad laboral”, explica a EL UNIVERSAL el veterano Jorge Bernal.
Isabella ingresó precisamente con la intención de estudiar; “miles toman la misma decisión antes de terminar la preparatoria y especialmente si vives en un barrio donde una carrera civil es impensable”, dice Bernal. El Pentágono obtiene soldados dispuestos a operar radares, mantener aeronaves, proteger instalaciones y entrar en combate; las familias aceptan separaciones prolongadas, despliegues y la posibilidad de recibir una notificación de muerte.
A pesar de la presencia hispana en las fuerzas armadas estadounidenses, la segunda administración Trump ha elevado de manera drástica la presión sobre las comunidades de las que proceden muchos de esos soldados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 43 mil 138 arrestos durante junio, el mayor total mensual del segundo mandato, con un promedio de mil 438 detenciones diarias. Cerca de 10 mil personas fueron arrestadas durante cinco días de finales de junio. Al 11 de julio había 65 mil 765 personas bajo custodia migratoria y el gobierno acumulaba más de 590 mil 600 deportaciones desde enero de 2025. De acuerdo con información del propio ICE, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes criminales.
El Centro de Conocimiento Vecinal de la Universidad de California en Los Ángeles examinó los primeros seis meses del segundo gobierno de Trump y encontró que los latinos representaban aproximadamente nueve de cada 10 arrestos efectuados por ICE; México, Guatemala y Honduras encabezaban los países de origen más afectados.
Del infierno de la guerra al de la migra
Benito Miranda Hernández, veterano mexicano de la Marina que cumplió tres despliegues durante la guerra de Irak, llegó a Estados Unidos siendo bebé y obtuvo la residencia permanente a principios de 2026. El 14 de junio, al terminar una condena por drogas, agentes de ICE lo detuvieron antes de que pudiera reunirse con su madre; permanece recluido en Otay Mesa, California, y enfrenta la deportación. “Estaba haciendo las cosas bien. Tenía tantas esperanzas, tantos sueños”, declaró su madre, María Miranda.
Danitza James, veterana y presidenta de Repatriate Our Patriots, habló sobre el trato que les dan a los migrantes que han servido al país. “Nuestro gobierno no concede ningún valor al servicio de nuestros inmigrantes; sinceramente, nos considera desechables”, lamenta.
Otro caso reciente es el de Arelys Barahona Martínez, hondureña sin antecedentes penales y esposa del sargento retirado Wilmer Trujillo, quien sirvió unos 20 años en el ejército y la Guardia Nacional de Texas, con misiones en Irak y Afganistán. ICE la detuvo el 10 de junio durante una cita rutinaria en Dallas. “El país para el que trabajé toda mi vida está destrozando a mi familia y llevándose a mi esposa; me revuelve el estómago”, denunció Trujillo. Desde el centro de detención, Barahona dijo que “es un verdadero infierno que te juzguen como una criminal”.
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Fredy Arcenio Zavala Baires, salvadoreño y esposo de Nataly Castro, sargento de la Guardia Nacional del Ejército de Texas con siete años de servicio, fue detenido por ICE durante una cita rutinaria poco antes del Día de Acción de Gracias de 2025 y deportado a El Salvador mientras la pareja tramitaba su regularización; el caso volvió a adquirir actualidad en junio de 2026, cuando Castro denunció que su condición militar había sido ignorada y reveló que ya había gastado más de 3 mil dólares intentando traerlo de regreso.
A Deisy Rivera Ortega, salvadoreña y esposa del sargento primero José Serrano, militar puertorriqueño en activo con 27 años de servicio y tres misiones en Afganistán, ICE la arrestó el 14 de abril durante una entrevista vinculada con su solicitud de protección como esposa de militar, pese a que tenía permiso de trabajo y protección contra su envío a El Salvador; fue liberada un mes después bajo vigilancia electrónica, pero su proceso de deportación continúa. “ICE está fuera de control ahora mismo y está quitándonos los derechos que tenemos como soldados”, declaró Serrano. “Desde que ocurrió esto duermo solamente dos horas por noche”. “Si, es terrible, un soldado en activo o veterano, que fue enviado al extranjero para cumplir una misión de combate, estar en riesgo de muerte, mientras su familia enfrenta dentro del país -Estados Unidos- una redada o una detención prolongada o una deportación; incluso varios veteranos lo han sufrido en carne propia” señala Bernal.
Entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional colocó en procedimientos de deportación a 282 extranjeros que pertenecían a dos grupos: antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas y familiares inmediatos de militares. Dentro de ese total había 34 veteranos. Algunas personas ya habían solicitado el Permiso de Permanencia para Familias Militares, una protección discrecional conocida en inglés como Military Parole in Place.
La senadora Elizabeth Warren calificó esa actuación como una “traición”. Tammy Duckworth, senadora y veterana que perdió ambas piernas cuando su helicóptero fue derribado en Irak, tachó de “absolutamente inconcebible que la administración Trump persiga a nuestros militares inmigrantes, a los veteranos y a sus familiares mediante sus agresivos y excesivos esfuerzos de deportación”.
Un total de 61 legisladores exigieron explicaciones a los departamentos de Seguridad Nacional y de Guerra y advirtieron que el gobierno rompió décadas de precedentes que reconocían el servicio militar como un factor favorable al ejercer la autoridad migratoria.
La participación hispana en las guerras estadounidenses ha sido extensa, aunque parcialmente borrada por los propios registros oficiales. La suma mínima de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán supera los 5 mil militares hispanos muertos. La cifra real es mayor porque durante décadas el gobierno estadounidense registró la raza y la etnicidad de manera incompleta. Isabella Gonzales se incorporó este 2026 a esa historia de servicio y muerte. Su tarea consistía precisamente en defender tropas e instalaciones frente a amenazas aéreas. El sistema que debía detectar y neutralizar drones y misiles formaba parte de su trabajo diario; un ataque de esa naturaleza terminó causándole la muerte.
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Isabella será recordada por el ejército como una soldado caída en acción; recibirá un ascenso póstumo y su nombre quedará unido a la defensa de una base estadounidense en Jordania. Pero su historia obliga a evaluar una política de Trump que ha impactado a la comunidad que aporta más de una quinta parte en sus fuerzas armadas. El Tío Sam le pide a los hispanos disciplina, obediencia, disponibilidad para el combate y disposición para morir; pero ese mismo gobierno detiene a sus familiares, coloca a veteranos en procedimientos de expulsión y convierte a los barrios latinos en el principal terreno de su campaña migratoria. Isabella cumplió su compromiso con el país hasta perder la vida. Estados Unidos “tiene pendiente un fuerte compromiso con los soldados hispanos, con sus familias y sus comunidades, de las que depende parte importante de su capacidad militar” concluye Bernal.
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