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El régimen del presidente Nicolás Maduro finalmente terminó por agotar la paciencia de la Unión Europea (UE).
Después de meses advirtiendo sobre el deterioro de la situación en Venezuela, los 28 países miembro decidieron ayer pasar al castigo.
Reunidos en Bruselas, los ministros de exteriores de la Unión adoptaron su primer paquete de sanciones contra el gobierno de Venezuela en respuesta a la represión ejercida contra las fuerzas de oposición, el deterioro de la situación de la población y el incremento de las violaciones a los derechos humanos.
“Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos en apoyo a una negociación para una salida pacífica de la crisis política, el Consejo decidió por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país”, se lee en las conclusiones adoptadas por los ministros.
El castigo consiste en un embargo de armas y el veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados como instrumentos de represión interna, incluyendo sistemas de intervención de comunicaciones.
Los jefes de la diplomacia comunitaria, además, sentaron las bases legales para imponer, de ser necesario, sanciones diplomáticas y financieras, como sería prohibir viajar a territorio comunitario a personas responsables de la represión ejercida y la eventual congelación de sus bienes en territorio europeo.
“Estas medidas se utilizarán de manera gradual y flexible y pueden ampliarse, dirigiéndose a quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos, el estado de derecho y la violación de los derechos humanos”.
Bruselas precisó que las acciones tienen un carácter reversible, si hay esfuerzos genuinos por reestablecer el diálogo, celebrar elecciones justas y transparentes, y los presos políticos son puestos en libertad.
La UE subrayó que sólo un diálogo constructivo y sostenible pueden poner fin a la actual crisis en el país latinoamericano, y maniestó su disposición para acompañar una negociación creíble que involucre a todos los actores relevantes.
Estas medidas van en sintonía con la creciente presión contra el régimen de Maduro. El mes pasado el Parlamento Europeo concedió el premio Sájarov 2017 a la Libertad de Conciencia a la oposición de Venezuela, concretamente a la Asamblea Nacional (que preside Julio Borges) y todos los presos políticos enlistados por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Sin embargo, el castigo adoptado ayer se queda corto al reclamo hecho en septiembre por la Eurocámara, que pidió medidas más fuertes como congelar activos de las personas responsables de violaciones de derechos humanos y restringir su entrada a la UE.
En respuesta, Venezuela repudió “enérgicamente” las sanciones que calificó de ilegales y hostiles, al tiempo que acusó a la UE de subordinarse a Estados Unidos y convocó al cuerpo diplomático del bloque a una reunión hoy en Caracas.
En Nueva York, la embajadora de EU ante la ONU, Nikki Haley, dijo que Venezuela es “un narcoestado cada vez más violento” que amenaza al mundo, durante un encuentro informal del Consejo de Seguridad que fue boicoteado por Rusia, China, Egipto y Bolivia.
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