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San José
Un viejo refrán inquieta en Honduras: “Cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar”. Por eso y con el candente ejemplo de la profunda crisis que estalló desde 2018 en la vecina Nicaragua, la pócima sociopolítica de Honduras… es explosiva.
Algunos ingredientes de la hoguera estremecieron el pasado miércoles con fuerza al país, con detenidos y heridos por saqueos a comercios; bloqueos de puentes y carreteras; protestas callejeras, paros intermitentes en educación y salud, y huelga de brazos o fusiles “caídos” en unidades policiales de élite.
Al ardiente cóctel acumulado en el siglo XXI por desprestigio y corrupción de las clases políticas tradicionales, violencia criminal de las pandillas juveniles o de la maras Salvatrucha y 18, penetración incesante del narcotráfico, masiva migración nacional y foránea, y pobreza endémica se añadió una epidemia de dengue, con un saldo de 35 muertos de 63 sospechosos.
La crisis se registra en la antesala de que Honduras recuerde, el 28 de junio próximo, el décimo aniversario del golpe de Estado que depuso al entonces gobernante hondureño Manuel Zelaya convertido en uno de los principales líderes opositores y de las manifestaciones contra el presidente, Juan Orlando Hernández.
El mandatario quedó severamente cuestionado luego de que en un hecho sin precedentes, desde el inicio del establecimiento de la democracia en 1982 en Honduras tras más casi 20 años de ininterrumpidos regímenes militares, logró reelegirse en unas cuestionadas elecciones en noviembre de 2017 para un segundo periodo presidencial consecutivo de cuatro años a partir de enero de 2018.
“Hablando se entiende la gente”, afirmó ayer el presidente hondureño, al pedir en un mensaje en su cuenta de Twitter priorizar el diálogo ante el asedio del acelerado deterioro político interno. “Honduras, como cualquier otro país, tiene muchos desafíos que enfrentar y hoy requiere de escucharnos y de entendernos”, alegó.
Hernández asumió su primer mandato en enero de 2014 y esta semana reafirmó que su reelección fue legítima, pese a que la negativa a la opción de volver a gobernar se convirtió en uno de los principios pétreos de la Constitución política, vigente desde 1982.
En un mensaje al pueblo hondureño anteanoche en redes sociales, el político Salvador Nasralla, proclamado ganador de los comicios presidenciales de 2017, alertó: “Estamos en una situación complicadísima, calamitosa (...) No basta con la salida [en el poder] de Juan Orlando Hernández, y pretender una sucesión dentro del actual gobierno es un gobierno de facto”, porque todo el “esquema de reelección” de probables sucesores seguiría siendo anticonstitucional, recalcó.
La crisis, que es una prolongación de los sangrientos choques registrados a finales de 2017 con la reelección de Hernández, se agravó desde hace varias semanas con una huelga en los estratégicos sectores de la educación y de la salud en protesta por las denunciadas acciones gubernamentales para privatizar ambos servicios estatales.
Hernández negó que pretendía la privatización, pero derogó unos controversiales decretos.
El conflicto se precipitó con el inicio el pasado miércoles de una huelga en tropas policiales especiales, en demanda de reivindicaciones laborales y de respeto a los derechos humanos. El gobierno aseguró que al paro sólo se unió 10% de los efectivos, pero un jerarca policial debió salir huyendo el miércoles del sitio del paro por el ataque de sus molestos subalternos en uno de los países más pobres de América Latina, con Haití y Nicaragua.
