“Genocidas siguen libres en Chile”, acusa esposa de desaparecido

San José. – Mujer, joven, indígena de la etnia mapuche, rebelde, socialista radical, con vida clandestina y esposa de un luchador social antidictatorial, la chilena Mónica Pilquil Lizama llenó todos los requisitos para transformarse en víctima de la intensa represión política que se desató en Chile tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente constitucional de ese país, Salvador Allende.

El violento trance de casi 17 años de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, al deponer al mandatario socialista en una aguda crisis interna, acabó hoy hace 30 años con el retorno de la democracia y el ascenso del democristiano Patricio Aylwin a la presidencia y Chile abrió una época de paulatina reconciliación.
Pero tres décadas después, el recuerdo por los dolores del terror y de las atrocidades contra los derechos humanos cometidas por Pinochet y su aparato castrense todavía persigue a Pilquil y a miles de familiares de las casi mil 700 personas detenidas—desaparecidas en ese régimen y de unas 3 mil asesinadas luego del golpe.

Con 22 años, el chileno Ismael Darío Chávez Lobos se casó en la clandestinidad el 1 de febrero de 1974 con Pilquil, de 20 y recién salida de secundaria, y el 29 de junio de ese año se convirtieron en padres de Juan Carlos. La pareja ingresó antes del golpe al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización político—militar comunista, y a grupos populares y estudiantiles antidictatoriales.

Pero él, actor y estudiante universitario de Derecho, fue detenido el 26 de julio de 1974 en su casa en Santiago, y delante de ella, por agentes de Pinochet: su familia jamás lo volvió a ver.

Ahora de 66, con otros dos hijos—Paul Ernesto y Martín Luciano—de un lazo sentimental con el holandés Vincent Floor en Holanda, donde vivió en el exilio en dos etapas de 1977 a 1989, Pilquil continúa exigiendo justicia. Floor, de 28, murió en un extraño incidente vial en 1990 en Chile que ella tampoco dudó en atribuir a fuerzas de Pinochet.

“Vivimos en un país que aparentemente es democrático, pero que tiene un pacto de silencio y una impunidad como ningún otro de América Latina”, para castigar las violaciones a los derechos humanos en dictadura, dijo Pilquil en una entrevista con EL UNIVERSAL.

“Se restableció una democracia, pero con poderes fácticos. Somos un país que tiene un amarre constitucional dictatorial”, adujo, al reprochar que la Constitución Política de Chile quedó redactada al gusto de Pinochet.

La Carta Magna fue aprobada en agosto de 1980 y ratificada en septiembre de ese año, por lo que el 11 de marzo de 1981 entró en vigor transitorio y el 11 de marzo de 1990 en vigencia plena. Los chilenos decidirán en un plebiscito el próximo 26 de abril si aceptan o rechazan redactar una nueva constitución.

“Somos el país más desigual: pagamos como en Europa, pero recibimos sueldos de hambre, como en África. Se restableció el poder fáctico (en 1990) y se ha mantenido un amarre constitucional de Pinochet y sus leyes con las que la derecha se ha ido acomodando y la Concertación de Partidos por la Democracia, que estaba para hacer los cambios, las fue perfeccionando”, aseveró.

Pilquil lamentó el papel de la Concertación, alianza de izquierda, centroizquierda y centro que en diciembre de 1989 ganó los comicios presidenciales con Aylwin y gobernó por 20 años consecutivos hasta 2010.

“Tenemos un modelo estatal presidencialista y muy peligroso. Los genocidas siguen libres después de casi 46 años en el caso de Ismael”, afirmó Pilquil, todavía a la espera de que la justicia chilena condene a prisión a los agentes de Pinochet por la detención y desaparición de Chávez.

“No se ha hecho justicia. Son muchos los detenidos—desaparecidos. Hay un pacto de silencio entre los poderes políticos de la derecha, incluida la Concertación, y no nos dicen absolutamente nada como fueron muertos nuestros esposos en los centros de tortura”, acusó.

“Y esos poderes políticos ahora tampoco quieren ensuciarse las manos”, sentenció.