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Lima.— Un juez peruano declaró infundado ayer un pedido de la fiscalía para que la candidata derechista Keiko Fujimori retorne a prisión por un caso de lavado, mientras el país sigue en zozobra por unos comicios presidenciales inconclusos.
Tras escuchar los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y la abogada Giulliana Loza, el juez Víctor Zúñiga rechazó el pedido del Ministerio Público, pero al mismo tiempo solicitó el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron el año pasado, como condición para la excarcelación de Fujimori. En específico, la candidata incumplió la prohibición de comunicarse con testigos del proceso. El fiscal apeló la decisión que se verá en otra instancia judicial.
Fujimori está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos poderosos que le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que ella perdió.
La derechista Fujimori no ha aceptado su derrota luego que, tras el conteo de todas las actas electorales, el izquierdista Pedro Castillo terminó primero, con 50.1% y 44 mil 58 votos de ventaja.
Fujimori —quien quedó con 49.8% de la votación— extendió la incertidumbre electoral tras pedir anular 200 mil sufragios de Castillo, a quien acusa sin pruebas contundentes de orquestar un “fraude”. Ha recibido el apoyo de la élite económica, de militares jubilados y de gran parte de la prensa capitalina.
A las afueras del juzgado, antimotines protegían el local y decenas de simpatizantes con tambores apoyaban a Fujimori. Antes de ingresar ella dijo a la prensa: “Siempre doy la cara”.
La fiscalía afirmó que Fujimori se comunicó con uno de los testigos del caso de lavado y por eso debe terminar de cumplir los 11 meses que le restan detrás de las rejas por entorpecer la justicia y por peligro de fuga mientras es investigada. La candidata ya estuvo tres veces en la cárcel.
Si Fujimori pierde las elecciones, empezará un juicio por lavado cuyos efectos podrían ser devastadores para la candidata, su esposo y su partido Fuerza Popular. El fiscal acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo del crimen organizado, de lavado de activos, de obstrucción de la justicia y de falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, ha pedido 30 años de cárcel para ella y 22 para su esposo.
