FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en EU; indaga posible lavado de dinero y fraude, revela La Nación
El diario argentino asegura que fiscales estadounidenses toman testimonios para determinar si las operaciones financieras de la Asociación derivaron en posibles delitos
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a tomar testimonios para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en ese país, confirmaron a La Nación dos fuentes informadas del tema.
Los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en Estados Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Una de esas reuniones tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni. Se realizó la semana pasada por una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas, pudo reconstruir este medio. Del encuentro participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, que analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Consultado por La Nación Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami. Pero según pudo reconstruir este diario, los investigadores estadounidenses buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.
Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025. Está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida, reveló La Nación a fines de mayo.
Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
Según documentación que obtuvo y analizó La Nación durante los últimos meses y reveló a fines de 2025 y principios de este año, Gillette y Faroni —exlegislador bonaerense del Frente Renovador— movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares estadounidensescorrespondientes a ingresos de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios analizados por La Nación— sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros 57 millones de dólares se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación relevada por este diario.
Entre esas transferencias figuran giros por decenas de millones de dólares hacia sociedades que, según la documentación analizada por La Nación, no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales consultados por este diario, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia —SOMA SRL y Cabello SRL—, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina.
El interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del inicio de esta investigación preliminar, según reconstruyó La Nación. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva, luego de una reunión mantenida con Tofoni, quien promovió los “discoveries” judiciales que permitieron obtener información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría permanecido bajo reserva.
En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos. Ese escenario comenzó a modificarse después de que La Nación revelara, desde fines de diciembre pasado, un entramado de operaciones financieras, bancarias y societarias con eje en el estado de Florida.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples cotizaciones del dólar.
De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
Esas operaciones forman parte de la documentación que hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal bajo jurisdicción estadounidense.
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