EU sanciona a la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane; denuncia politización

Washington. Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y otro alto magistrado, en el marco de su campaña contra esta institución a la que acusa de estar "politizada".

"Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado Marco Rubio.

Las sanciones estadounidenses fueron emitidas también en contra del magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la CPI.

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La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a Akane y Seye para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Como es habitual, la OFAC indicó que Estados Unidos también sancionará transacciones con "cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50% o más".

Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisados investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.

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"La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", explicó Rubio en el comunicado.

Medida "socava el Estado de derecho"

La CPI advirtió que las nuevas sanciones de Estados Unidos "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.

"Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya.

"Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal.

Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 2000, y no reconoce la jurisdicción de ese tribunal permanente con sede en La Haya que se ocupa de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

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La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamas, todos ellos asesinados.

Trump firmó en febrero una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una "amenaza" para la seguridad nacional.

Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.