Miami.— Los ciudadanos estadounidenses atraviesan una crisis de desconfianza y de vulnerabilidad frente a la violencia que ha mostrado el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus operativos, particularmente en Minnesota.
Una encuesta nacional difundida por Axios en noviembre de 2025 encontró que 57% de los votantes cree que Estados Unidos va “en camino” hacia una guerra civil y 60% piensa que las relaciones raciales están empeorando. No es que los estadounidenses estén pensando en acciones tipo militar, señala a EL UNIVERSAL la activista Laura Gómez. Es más bien, dice, “una sensación extendida de que la convivencia política en Estados Unidos se está rompiendo”.
Según un sondeo del Pew Research Center, 85% de los estadounidenses dice que la violencia con motivación política está aumentando. Y hoy, cada operativo, cada video, es visto con más recelo y más sospechas.

El Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI) añadió en enero una pieza decisiva para entender el momento que se vive en EU: dos tercios de los ciudadanos creen que la falta de condena de la retórica violenta por parte de líderes políticos contribuye “mucho” a acciones violentas y también señalan como factor la difusión de información falsa o engañosa creada con inteligencia artificial en redes sociales. “Un gobierno que comunica con etiquetas prefabricadas y una ciudadanía que responde con videos reales, entran en una dinámica explosiva”, advierte Gómez.
Minneapolis se convirtió en enero en el punto donde esa tensión nacional se derramó, con calles llenas de agentes federales, ciudadanos grabando, comunicados contradictorios y una pregunta generalizada: ¿Quién tiene derecho a usar la fuerza y quién tiene derecho a vigilar al poder?
El 7 de enero, Rene Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió por disparos de un agente de ICE durante un operativo. El DHS sostuvo que Good usó su vehículo como arma e intentó matar a un agente, calificándolo como “un acto de terrorismo doméstico”. Pero otras personas presentes en el lugar difundieron videos que contradecían la versión oficial. La organización Human Rights Watch (HRW) revisó cuatro de esos videos y concluyó que el gobierno mintió, que Good no quiso en ningún momento matar al agente, quien en cambio sí disparó a quemarropa.
Pero el de Good fue sólo uno de varios episodios en los que la versión oficial se ha contradicho con lo que registran videos, lo que ven los testigos. El segundo caso clave fue el de Alex Pretti, un enfermero que fue abatido, también en Minneapolis, el 24 de enero, durante un operativo con participación de agentes federales.
La vigilancia ciudadana dejó de ser una actitud solidaria y se volvió en una práctica organizada contra el ICE. El diario The Guardian documentó un aumento nacional de grupos de observadores de ICE, con entrenamientos masivos en línea y cientos de miles de reproducciones en horas, impulsados por la idea de que los videos de civiles estaban desmintiendo relatos oficiales.
“En este tipo de casos, la diferencia entre lo que se ve y lo que se afirma define la legitimidad del uso de fuerza letal y todo apunta a que lo mataron sin amenaza letal alguna”, sostiene Gómez.
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“Todo esto ha creado un problema político adicional, ya que el gobierno de Trump no sólo enfrenta críticas de activistas proinmigrantes; también enfrenta molestia en la base trumpista que defiende la portación de armas y el debido proceso”.
Ante la creciente polarización, el presidente Trump optó por sustituir a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, con Tom Homan, zar fronterizo.
“El cambio de caras fue importante”, dice Gómez, porque Bovino se había convertido en el portavoz más visible de una línea confrontativa; “pero también deja una pregunta de fondo: si el problema principal fue de comunicación o de conducta operativa. Y si fue de conducta, cambiar al vocero no evita que se repita un uso letal de fuerza”. Esa distinción es el centro del enojo nacional: la gente no sólo quiere un mejor comunicado, quiere límites verificables.
Los operativos, las versiones contradictorias, la falta de transparencia, han abonado a la desconfianza ciudadana y a la sensación de vulnerabilidad.
De acuerdo con una encuesta de CNN, realizada en enero, 51% de los estadounidenses cree que las acciones del ICE están haciendo que las ciudades sean “menos seguras”.
Otro sondeo, de PBS News, arrojó que 62% cree que las acciones del ICE están haciendo que los estadounidenses estén menos seguros, no más, como ha alegado el gobierno.
Mientras crece el miedo, entre activistas aumenta la acción: la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya presentó una demanda contra el gobierno federal por las detenciones realizadas sin razón justificable de sospecha. Catherine Ahlin-Halverson, abogada de ACLU en Minnesota, advierte que “nadie, incluidos los agentes federales, está por encima de la ley”.