Departamento de Justicia de EU inicia acciones para revocar ciudadanía a 17 naturalizados; dos mexicanos incluidos

Washington.- La administración de Donald Trump anunció este lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios, incluyendo dos mexicanos.

En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses acusados de "delitos graves", entre ellos abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

"Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias", declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.

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Además de México, entre los 17 ciudadanos hay personas de Cuba, Haití, Colombia, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.

Los mexicanos incluidos en la lista son María Lourdes Montoya, de 63 años, y Armando Mendoza, de 39 años.

Sobre Montoya, el Departamento de Justicia señala que el 4 de junio de 2026, Estados Unidos interpuso la demanda de desnaturalización en su contra por haber falseado la identidad de su esposo para obtener la residencia permanente y, posteriormente, la ciudadanía.

Según la acusación, tanto en su solicitud de residencia permanente como en la de naturalización, Montoya se presentó como la esposa de un ciudadano estadounidense: Gilberto Montoya. Sin embargo, Montoya nunca estuvo casada con Gilberto Montoya, quien había fallecido décadas antes. En cambio, Montoya estaba casada con Ernesto Orozco-Viramontes, un ciudadano mexicano que asumió la identidad de Gilberto. Montoya estaba al tanto del engaño de su esposo y lo aprovechó para obtener beneficios migratorios, incluida la ciudadanía por naturalización.

En el caso de Mendoza, el gobierno lo acusa de haber recibido imágenes sexualmente explícitas de menores en 2009 y de haber mentido en su solicitud de naturalización, en 2011, al haber afirmado que nunca había cometido ningún delito o infracción por el que no hubiera sido arrestado.

En 2013, tras naturalizarse, Mendoza se declaró culpable de la recepción de dichas imágenes.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la administración Trump seguirá utilizando "todas las vías legales" para expulsarlos del país.

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió el responsable de Seguridad Nacional en la red social X al compartir la noticia sobre las demandas adelantada por la cadena CBS.

Mullin añadió que su Departamento no permanecerá "de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales", que, según afirmó, "han explotado la generosidad de Estados Unidos y se han aprovechado de su sistema migratorio".

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El fiscal general interino, Todd Blanche, advirtió que "cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias. Estos extranjeros mienten sobre sus delitos pasados; entre ellos se encuentran traficantes de drogas, depredadores sexuales y estafadores. Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso". Subrayó que la fiscalía seguirá trabajando "para asegurarnos de que la ciudadanía estadounidense se otorgue a quienes realmente la merecen".

En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.

La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

LL