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Este miércoles 5 de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 28 personas fueron acusadas por su presunta participación en una organización dedicada a la compra, venta y tráfico ilegal de armas de fuego en Arizona, tras una investigación de dos años encabezada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por su nomnre en inglés).
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona, un jurado presentó el pasado 21 de julio una acusación formal de 158 cargos contra Fernando Daniel Castro, Cruz Rafael Castro, Marque J'von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt, Juan Manuel Torres Pérez y otros 22 presuntos integrantes de la red criminal.
Los imputados enfrentan cargos por conspiración para adquirir armas de fuego con el propósito de comercializarlas sin licencia, realizar declaraciones falsas durante la compra de armas, dedicarse ilegalmente a la venta de armamento y conspiración para traficar armas de fuego.
Según las autoridades, la investigación permitió identificar un esquema mediante el cual los acusados presuntamente adquirían armas de manera ilícita para posteriormente comercializarlas, en violación de la legislación federal estadounidense.
El caso forma parte de las acciones de la HSTF, iniciativa creada para combatir organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas a la seguridad nacional.
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La fiscal federal interina para el Distrito de Arizona, Rachel C. Hernandez, afirmó que el caso representa una acción coordinada contra el tráfico ilegal de armas.
"El tráfico ilícito de armas alimenta la violencia y fortalece a las organizaciones criminales. Trabajaremos con nuestros socios para identificar, investigar y procesar a quienes participan en estas actividades", señaló.
Por su parte, el agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix, Brendan Iber, destacó la cooperación entre distintas agencias.
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"Este caso demuestra el compromiso de nuestros socios de las fuerzas del orden para desmantelar las redes de tráfico de armas y hacer que nuestras comunidades sean más seguras", indicó.
El Departamento de Justicia precisó que en la investigación participaron agentes de la ATF, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), así como corporaciones estatales y locales de Arizona.
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Las autoridades recordaron que una acusación formal constituye únicamente una imputación y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
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