Cese de fiscales de caso Odebrecht desata escándalo

San José.— Perú y Colombia despidieron 2018 bajo la conmoción institucional del mega escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que estalló en 2014 al destaparse una trama de millonarios sobornos a políticos de diez países de América Latina y el Caribe para ganar jugosos negocios de contratos de obras públicas.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció ayer que pedirá al Congreso declarar en emergencia el Ministerio Público tras la destitución de dos fiscales encargados de investigar la corrupción vinculada a la constructora: “Mañana [miércoles] personalmente acudiré al Congreso para presentar el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público y que fue aprobado en sesión del Consejo de Ministros”.

La declaración de emergencia implica apartar por un tiempo a las actuales autoridades del Ministerio Público y reemplazarlas por otras que investiguen sus decisiones.

En una sorpresiva sacudida judicial el 31 de diciembre, el fiscal general y jefe del Ministerio Público de Perú, Pedro Chávarry, removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo que indaga la penetración de la trama Odebrecht en los máximos estratos políticos peruanos y el supuesto nexo con el negociado de los ex presidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y la encarcelada política Keiko Fujimori, hija del ex mandatario Alberto Fujimori, entre otros.

El anuncio del mandatario se realiza tras la avalancha de críticas y protestas que se multiplican contra la decisión de Chávarry.

“No estamos de acuerdo” con la medida, alertó Vizcarra, al admitir que “tenemos que actuar” con respeto a las leyes y a la Constitución Política por la separación de poderes.

En medio de protestas callejeras por la decisión, el mandatario regresó de urgencia a Perú; se encontraba de viaje en Brasilia para asistir a la investidura presidencial de Jair Bolsonaro.

“Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana”, escribió Vizcarra en su Twitter.

Chávarry denunció que Vela y Pérez atentaron contra la jerarquía institucional y violaron la reserva del proceso. Pérez y Vela cuestionaron “mi elección” como fiscal, lo que perjudica “la autonomía del Ministerio Público”, argumentó, al aducir que ambos rechazaron dar informes a la fiscalía sobre las indagatorias y que hubo “sobreexposición mediática” de una investigación.

Vizcarra aseguró que el gobierno usará todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotar a la corrupción.

Extraño deceso. La secuela colombiana del escándalo se agravó con la aparición, el pasado domingo en un apartamento en Bogotá, del cadáver del ex ministro colombiano de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Rafael Merchán, testigo clave de la pesquisa sobre el nexo de Odebrecht en ese país para obtener contratos públicos a cambio de sobornos y favores a políticos.

Merchán fue ministro del presidente Juan Manuel Santos, cuya gestión se registró de 2010 a 2018, y murió dos meses después del confuso deceso de Jorge Enrique Pizano, crucial testigo colombiano. Un informe médico aseguró en un inicio que Pizano falleció de un ataque cardiaco, pero tres días después su hijo —Alejandro— pereció al ingerir una sustancia de una botella que halló en un escritorio de su padre.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en 2016 que Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en coimas en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela, además de Angola y Mozambique. Con información de AFP