Cataluña. Líderes independentistas, a juicio

MADRID

El juicio a los independentistas catalanes supone una prueba de fuego para el gobierno español, que prevé que la presión de los separatistas vaya en aumento a medida que avance el proceso judicial, el cual inicia este 12 de febrero y que se podría prolongar durante más de tres meses.

Además, la imagen del país ibérico estará otra vez bajo el punto de mira internacional, después de que renombrados juristas y políticos de diversas tendencias denunciaran el desproporcionado castigo a los independentistas catalanes que han tenido que permanecer en prisión provisional entre nueve y 15 meses antes de ser juzgados por el Tribunal Supremo.

El delito de rebelión que se les imputa a nueve de los 12 políticos separatistas procesados resulta también desmedido para la izquierda española y algunas asociaciones judiciales. De acuerdo con los inconformes, la ausencia de episodios violentos durante el proceso separatista invalidaría la acusación de rebelión que puede comportar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Los nueve independentistas encarcelados están acusados de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos.

Entre ellos se encuentra el ex vicepresidente del gobierno catalán (Generalitat), Oriol Junqueras, para quien el fiscal pide 25 años de cárcel por el delito de rebelión, que habría cometido al impulsar el proceso independentista.

También están recluidos el ex canciller de la Generalitat, Raül Romeva, y la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, junto con otros ex consejeros y dirigentes sociales.

El ex presidente Mariano Rajoy comparecerá como testigo junto con otros miembros del derechista Partido Popular (PP), que gobernaba España cuando se produjeron los hechos.

En los últimos meses se han realizado en Cataluña manifestaciones masivas para demandar la liberación de los líderes a los que el separatismo califica de presos políticos.

El conocido como juicio del 1 de octubre (1-O) hace referencia a los episodios ocurridos en otoño de 2017, cuando el Ejecutivo catalán organizó un referéndum independentista a pesar de que la justicia española lo consideraba ilegal.

La Constitución consagra la unidad territorial de España y no reconoce a las comunidades autónomas la facultad de convocar a consultas populares para definir su futuro político.

Tras el referéndum de autodeterminación y en abierto desafío al gobierno central, el Parlamento de Cataluña declaró simbólicamente la independencia, luego de que 90% de los ciudadanos consultados hubiera votado a favor de la separación de España.

La mayoría de los líderes que promovieron el proceso separatista fueron detenidos y encarcelados antes de que el gobierno español ordenara la intervención de la autonomía catalana y cesara a los altos cargos regionales.

El resto de los políticos implicados, entre ellos el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lograron huir de España para solicitar asilo en Bélgica y otros países, donde residen actualmente luego de que la justicia europea considerara improcedentes las órdenes de aprehensión emitidas en su contra.

Los partidos independentistas catalanes que tienen la mayoría en el Parlamento regional piden la absolución de los políticos presos por considerar que no han cometido delito alguno, ya que que se limitaron a obedecer el mandato soberanista de las urnas surgido del referendo considerado ilícito por el Estado español.

El presidente del gobierno catalán, Quim Torra, advirtió que se trata de un juicio “contra la democracia y contra el derecho de autodeterminación”, por lo que llamó a denunciar la farsa a nivel internacional.

La independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado a manifestaciones en distintas capitales europeas para protestar por el proceso judicial.

Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez reitera que los independentistas procesados contarán con todas las garantías judiciales en un Estado de derecho.

El juicio se produce además en un contexto desfavorable para el socialista Sánchez, quien se halla en minoría parlamentaria, por lo que necesita los votos de los partidos nacionalistas catalanes para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.

La dependencia de las máximas instancias judiciales del poder político y la falta de credibilidad del Tribunal Supremo, cuestionado por el movimiento separatista debido a su parcialidad y conservadurismo, espesan aún más el ambiente que rodea a un juicio considerado de alto voltaje y para el que se han acreditado más de 600 periodistas.