Amnistía Internacional alerta por aumento de 10% de desaparecidos en México; cuestiona respuesta del gobierno
La organización detalló que hasta diciembre de 2025 se contabilizaban 133 mil 500 personas desaparecidas en nuestro país
La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que la cifra de desaparecidos en México subió 10.5% en 2025 respecto al año anterior y criticó la respuesta de México a la decisión del Comité de Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas de activar el artículo 34 para llevar el tema al pleno de la Asamblea General.
En su informe anual 2026, AI alertó que un nuevo orden mundial se está imponiendo en el mundo, dictado por líderes "depredadores", y citó como ejemplo los casos de Estados Unidos, Rusia e Israel.
En el caso de México, la organización señaló que "los mecanismos de protección y las garantías de derechos humanos se deterioraron".
Recordó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y remarcó que entre junio y septiembre, el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia que "hacen que la información confidencial esté disponible para instituciones públicas, incluyendo las fuerzas armadas".
Sin embargo, el elemento central de las críticas de AI es el de los desaparecidos. En el reporte, lamentó que las autoridades "no reconocieron la labor de las mujeres que buscan a personas desaparecidas, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales".
Afirmó que "el número de desapariciones forzadas aumentó un 10.5% en comparación con el año anterior (2024). Hasta diciembre, detalló, el número de casos de desaparecidos ascendía a 133 mil 500. Además, dijo, persistieron los feminicidios y los transfeminicidios" y que también aumentó el número de desplazados internos.
Sin embargo, acotó, la decisión del comité de la ONU fue recibida con críticas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, detalló, "negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas en el país", y el Senado pidió que el presidente del Comité sea sancionado por 'especular' con que en México están ocurriendo desapariciones forzadas de manera sistemática. "La Comisión Nacional de Derechos Humanos negó que México estuviera atravesando una crisis de desapariciones forzadas".
AI expresó su preocupación por la aprobación, en junio, de enmiendas a la Ley General sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Desaparición Perpetrada por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, y modificaciones a la Ley General de Población en relación con las desapariciones forzadas.
De acuerdo con la organización, estos cambios, que incluyen la creación de una plataforma única de identidad y un documento de identidad que incluya datos biométricos, "podrían suponer un riesgo para la privacidad y utilizarse para la vigilancia de los ciudadanos. Además, estos cambios no combatieron la impunidad ni reforzaron las fiscalías o el Centro Nacional de Identificación Humana para reducir el retraso en los análisis forenses".
AI indica que, con base en investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, "a falta de datos oficiales fiables, en 2023 había 72 mil 100 cadáveres sin identificar en el país".
Amnistía se queja de que, hasta la fecha, las fuerzas armadas siguen negando a familiares información que pudiera servir "para acceder a la verdad y la justicia" en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014.
Ante lo que AI califica de "pobre respuesta de las autoridades", son familiares de los desaparecidos, "en su mayoría mujeres organizadas en colectivos", las que realizan las búsquedas y han encontrado "cientos de restos humanos, algunos de ellos quemados y en fosas clandestinas. Estas búsquedas se realizaron con alto riesgo y quienes las hicieron enfrentaron amenazas, extorsión, desaparición y asesinatos".
En este sentido, México es mencionado en el informe como uno de los principales focos de preocupación en América, junto con Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
AI denunció también crecientes reportes sobre violencia de género contra mujeres perpetrada por militares.
En el rubro de los migrantes, aludió al despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos. "Migrantes y refugiados que viajan a través de México siguieron siendo obligados a realizar pagos ilegales a autoridades mexicanas, grupos criminales o individuos no identificados en los puestos de revisión migratoria... También fueron frecuentemente blancos de extorsiones y secuestros y tuvieron dificultades para acceder a atención médica, educación y oportunidades de empleo".
En el caso de Estados Unidos, AI denunció el uso excesivo de la fuerza y las políticas migratorias restrictivas.
Durante la presentación del informe anual en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, tachó de "depredadores" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario ruso, Vladimir Putin, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
"En 2025, Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala", dijo Callamard.
El gobierno israelí, por su parte, "ha continuado su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre" de 2025, sin que la comunidad internacional adopte "medidas significativas", señala el reporte.
Frente a "estos brutos y saqueadores", casi todos los dirigentes internacionales han "hecho gala de cobardía", sobre todo en Europa, lamentó Callamard, que destacó como excepciones en la UE a España y Eslovenia, que califican de "genocidio" la guerra de Israel en Gaza.
"Los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir colectivamente a esos ataques", reclamó la ONG
Los "depredadores políticos y económicos", aseguró, usan su poder de veto, como Estados Unidos, Rusia y China, en el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer inoperativa a la ONU; seguidamente, denuncian su inutilidad para exigir otro orden mundial, al estilo de lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho con su llamada 'Junta de la paz'.
En su punto de mira también están los tribunales internacionales, el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, cuyas órdenes de arresto quedan en papel mojado porque distintos países optan por el "apaciguamiento" y se niegan a tomar medidas contra Putin o Netanyahu en sus desplazamientos internacionales. De ese modo, socavan la autoridad de los organismos.
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