San José. – Ceñidos a los avances tecnológicos en los procesos agropecuarios y a un más eficiente uso de los insumos agrícolas, los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional se garantizaron en Colombia en 2021 un aumento en 2022 y 2023 de la cantidad de cocaína para abastecer el mercado mundial y de la siembra de hoja de coca como materia prima de la droga.
El Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) confirmó este mes que la generación de cocaína en Colombia, principal productor global del estupefaciente con el 80%, creció de mil 228 toneladas en 2020 a mil 400 toneladas en 2021, la más alta en la historia de los registros de esa instancia. (Bolivia y Perú también son productores).
SIMCI, cuyo conteo siempre difiere con el de Estados Unidos, precisó que el área con plantaciones de hoja en Colombia aumentó de 143 mil hectáreas en 2020 a 204 mil en 2021. La cantidad osciló de 137 mil en 2001 a 63 mil en 2010, 48 mil en 2013, 146 mil en 2016, 177 mil en 2018 y 154 mil en 2019, según SIMCI.
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“Los narcos nos están ahogando. (…) ¡Y nadie dice nada! Las consecuencias son terribles. Más corrupción. Una tragedia”, denunció el abogado, socio—economista y analista político colombiano Rafael Nieto, viceministro del Interior y de Justicia de Colombia en 2003 y 2004 (gobierno de Álvaro Uribe de 2002 a 2010).
“Más violencia en los campos (rurales) y más inseguridad en las ciudades. (…) Más deforestación, más vulnerabilidad de áreas protegidas, más contaminación de los ríos, más informalidad, más contrabando”, dijo Nieto a EL UNIVERSAL.
Con ambos elementos—zona de cultivo y cantidad obtenida de alcaloide—, la expectativa para 2022 y 2023 es que haya más capacidad de extraer una mayor cantidad de cocaína que en años previos, porque los territorios son altamente productivos de materia prima.
A partir de una eficiencia superior en la utilización de los insumos agrícolas, los arbustos llegaron en 2021 a sus edades más fértiles, que son de dos a cuatro años.
“Estamos perdiendo la pelea. (…) Los datos de 2021 marcan la preocupación por la transformación del modelo productivo de la (hoja de) coca, y en un incremento en la productividad en lotes de (hoja de) coca”, narró el ingeniero forestal colombiano Leonardo Correa, coordinador de SIMCI en Colombia. “Se ha alcanzado un punto óptimo en cantidad de plantas por hectáreas, en cultivos en edad productiva y en renovación de las variedades productivas que tienen más alcaloide, más hoja, y es más fácil extraer el alcaloide de las hojas”, describió.
En contraste a los números de la ONU, EU alertó en abril de este año que Colombia pasó de 245 mil hectáreas en 2020 a 234 mil en 2021.
Aunque se redujo en 11 mil en ese periodo, la extensión que EU reportó superó en 30 mil a la de UNODC y se acercó a las 240 mil que dominaron la polémica en Colombia en 2022.
El gobierno de Colombia pronosticó en 2020 que los cárteles mexicanos y colombianos, que abastecen cuatro quintas partes del consumo mundial de cocaína, enfrentarían en 2021 una reducción de la disponibilidad de la hoja en Colombia. “Parte de los nuevos cultivos reportados (en 2021) no ha alcanzado su edad productiva”, aclaró Nieto.
Las autoridades colombianas confirmaron en 2017 que los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional, en especial los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), reforzaron su presencia en Colombia con emisarios o lugartenientes al menos desde 2014 para tener control directo de toda la cadena, en asocio con sus contrapartes colombianas.
Los enviados mexicanos se instalaron en Colombia para monitorear desde el cultivo, la cosecha de la hoja, la elaboración de la droga y su almacenamiento, hasta las rutas aéreas, marítimas y terrestres —vía Venezuela, Ecuador, Brasil o Centroamérica— para transportarla a México, EU y Europa, sus más importantes mercados, y el método de blanqueo de ganancias.
En un trillo de producción, contrabando y “lavado” de dinero, los cárteles mexicanos están aliados a redes colombianas del narcotráfico como el Clan del Golfo (la más poderosa actualmente), las disidencias de la ya disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) y el guerrillero comunista Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las FARC y el ELN se sublevaron en 1964 y entraron al narcotráfico a fines del siglo XX.
Las FARC, que en 2016 firmaron un pacto de paz con el gobierno colombiano para poner fin a un conflicto bélico que acumuló más de 52 años, fueron un proveedor clave de cocaína del Cártel de Sinaloa, el más fuerte de México. Al salir las FARC del negocio, los grupos de esa insurgencia que rechazaron la paz continuaron en la narcoactividad y le siguieron suministrando droga desde 2016.
El acuerdo de paz impulsó la erradicación manual, forzosa o voluntaria con pago a los campesinos y en una labor policial y militar. Los campesinos volvieron a sembrar luego de que sus arbustos fueron eliminados, a la fuerza o con indemnización.
La policía antidroga de Colombia reveló en 2017 parte del nexo del CJNG con el ELN , que en 2022 acordó reanudar las pláticas de paz con el gobierno colombiano que asumió en agosto anterior y en un proceso en el que el narcotráfico será elemento crucial.
En el diálogo desde 2012 en Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano, la guerrilla pidió en 2013 suspender la fumigación aérea con glifosato, un poderoso herbicida para erradicar plantaciones de hoja, lo que se concretó entre ese año y 2014.
Un fallo constitucional de Colombia ordenó en 2015 desistir del glifosato por riesgo a la salud y, pese a las presiones políticas, sigue sin reanudarse su uso para la aspersión aérea o manual.
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