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El gobierno estadounidense de Donald Trump ha cerrado agencias de vigilancia interna, dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cargo de Kristi Noem, que abogaban por los inmigrantes, incluida la asistencia legal para los menores indocumentados, reportaron medios locales como The Washington Post y ABC News.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que la agencia ha ordenado una “reducción de personal” para la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
Las agencias contaban con aproximadamente 300 empleados, una pequeña proporción de los aproximadamente 260, mil trabajadores del DHS. Gestionaron miles de quejas sobre el sistema de inmigración, incluyendo las condiciones de detención, el cuidado de menores migrantes y las demoras en la tramitación de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía. Sus informes servían de base a los comités de supervisión de la Cámara de Representantes y el Senado, y proporcionaban información a inmigrantes que enfrentaban la deportación en los tribunales de inmigración estadounidenses por no tener derecho a defensores públicos.
Según un memorando obtenido por ABC News, a las organizaciones que colectivamente reciben más de 200 millones de dólares en subvenciones federales se les dijo que el contrato fue rescindido parcialmente, poniendo fin a la financiación para la representación legal y para el reclutamiento de abogados para representar a los niños migrantes.
El único financiamiento que queda del contrato es para las presentaciones informativas "Conozca sus derechos" que se brindan a los niños migrantes no acompañados en los centros de detención.
"El gobierno se reserva el derecho de rescindir este contrato, o cualquier parte del mismo, por conveniencia propia", indica el memorando. "En caso de rescisión, el contratista deberá suspender inmediatamente todos los trabajos aquí estipulados y dispondrá inmediatamente que todos sus proveedores y subcontratistas cesen sus trabajos".
Actualmente, 26 mil niños migrantes reciben representación legal gracias a esta financiación.

"Buscan mejorar la supervisión"
“El DHS mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación”, declaró McLaughlin. “Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del Departamento: la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias”.
McLaughlin alegó que las tres oficinas “han obstruido la aplicación de la ley migratoria al agregar obstáculos burocráticos y socavar la misión del DHS”.
“En lugar de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”, dijo.
Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la medida el viernes y dijeron en un tuit que la administración está "eliminando otra oficina que podría exponer sus acciones ilegales e inconstitucionales".
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