Acusan a vicepresidenta de la CIDH por presunto conflicto de intereses; Pochak afirma que no incurre en incompatibilidades

Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México, fue denunciada ante un juez federal en Argentina por un presunto conflicto de intereses, en un caso contra el Estado argentino.

De acuerdo con medios como el diario Clarín, el pasado 19 de junio se solicitó investigar a Pochak por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino. La funcionaria rechaza las acusaciones.

El asunto, que quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, está relacionado con el llamado caso Catella, un litigio internacional en manos de la CIDH en el que la jueza Marta Susana Catella acusa al Estado argentino de destitución arbitraria.

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Catella fue destituida en 2006 mediante juicio político. Ella acusa al Estado de haber vulnerado sus garantías judiciales y afectado la independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, un subsecretario de Derechos Humanos no identificado señaló una presunta incompatibilidad entre las funciones públicas de Pochak y su actuación previa como integrante de organizaciones peticionarias.

El funcionario dijo a medios argentinos que el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba bajo la órbita de “una funcionaria [Pochak] que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia”. La entidad mencionada es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según este mismo funcionario, no hay constancia de que Pochak se haya excusado o apartado del caso pese a lo que llamó “evidente conflicto de intereses”.

En su cuenta de X, Pochak respondió a lo que calificó como “una campaña que busca desacreditarme y, así, deslegitimar a la CIDH”.

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La funcionaria aseguró que “jamás intervine, como representante del Estado argentino, en ningún caso en el que previamente intervine como peticionaria. Fui muy cuidadosa en evitar cualquier conflicto de intereses”.

Sobre el caso particular de Catella, afirmó que “nunca intervine como representante del Estado en ese asunto. No incurrí en ningún conflicto de intereses”.

Por lo anterior, declaró ser “víctima de un proceso de hostigamiento digital y de criminalización”.

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