Acuerdo petrolero EU-Venezuela: ¿quiénes ganan?

El gigantesco acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez presentaron el viernes como un negocio histórico para ambos países, comienza a generar más preguntas que respuestas a medida que se conocen nuevos detalles sobre la manera como fue negociado, quiénes participarían y los beneficios que realmente obtendría cada una de las partes.

El pacto, que le daría a Estados Unidos acceso preferencial a 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles, deja a Estados Unidos como un claro ganador, como nuevo inversionista y participante directo. También el gobierno de Rodríguez gana, al fortalecer su alianza con Washington, mientras sectores de la oposición venezolana, economistas y expertos petroleros critican su falta de transparencia y ponen en duda algunas de las cifras presentadas por Caracas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Washington planea adquirir una participación pasiva de 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada encabezada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, que ya opera campos petroleros en el país.

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La inversión sería estructurada por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante opciones de compra de muy bajo costo que permitirían al gobierno estadounidense obtener una participación accionaria sin desembolsar inicialmente una cantidad significativa de dinero.

Además, EU obtendría derechos preferenciales para adquirir a precio de costo 20% del petróleo producido por la compañía.

El acuerdo no sólo no fue sometido a un proceso competitivo, sino que las negociaciones permanecieron en secreto hasta la semana pasada.

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En lugar de limitarse a facilitar o garantizar inversiones privadas estadounidenses en Venezuela, Washington pasaría a tener un interés financiero directo en una empresa que podría obtener derechos para desarrollar algunos de los campos petroleros más importantes del país.

Pero la fórmula tendría, además, otro propósito con enormes implicaciones políticas para Venezuela. Según personas involucradas en las negociaciones citadas por el Journal, la utilización de una compañía privada como vehículo para el acuerdo fue concebida, entre otras razones, para vincular a futuros gobiernos venezolanos al proyecto y dificultar que una eventual nueva administración pueda revertirlo. El dato resulta particularmente relevante en un momento en el que la oposición venezolana continúa reclamando una transición democrática y cuestiona la autoridad del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para comprometer recursos estratégicos del país durante varias décadas.

Adicionalmente, sería una forma de asegurar que el acuerdo permanezca cuando Trump abandone la presidencia, en 2029.

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Según el Journal, NABEP podría explotar 17 campos que albergarían unos 65 mil millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas.

La elección de Betancourt también ha generado críticas, ya que hizo buena parte de su fortuna durante los gobiernos chavistas y fue uno de los empresarios conocidos en Venezuela como los “bolichicos”, un grupo que obtuvo contratos estatales lucrativos durante los años de Hugo Chávez.

Durante la última década ha sido investigado en varios países por presunto lavado de dinero, aunque no ha sido formalmente acusado y sus abogados han negado que haya cometido irregularidades.

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María Corina Machado no se había pronunciado directamente sobre el pacto hasta el domingo.

David Smolansky, portavoz de su equipo en Washington, dijo que si bien la oposición favorece desde hace años la privatización y apertura de la industria petrolera, acuerdos de esta magnitud deberían negociarse con “un gobierno legítimo, con un gobierno democrático” y bajo un sistema que ofrezca garantías jurídicas de largo plazo. Ricardo Hausmann, exministro venezolano de Planificación y profesor de Harvard, calificó el pacto de “vergonzoso”, argumentando que Rodríguez carece de legitimidad y autoridad constitucional para comprometer al país en semejante acuerdo.

Francisco Palmieri, quien encabezó la misión diplomática estadounidense para Venezuela durante la administración Biden, cuestionó que Washington trabaje con Betancourt y advirtió que el acuerdo podría terminar por generar incentivos para que el actual gobierno retrase una transición democrática bajo el pretexto de garantizar la estabilidad.

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