⁠A 25 años del 11S; EU aún es vulnerable

Miami.— Estados Unidos llega al aniversario 25 de los atentados terroristas del 11 de septiembre con el aparato de seguridad más extenso de su historia y la afirmación, por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de que no se conoce hoy un complot inminente capaz de repetir los atentados de 2001. Pero “tampoco puede garantizar que reconocería a tiempo una operación distinta, organizada para interrumpir servicios tecnológicos vitales, boicotear sistemas digitales y de seguridad o amenazar vidas en territorio estadounidense”, señala a EL UNIVERSAL el experto en seguridad Jaime Ortiz.

En una revisión bipartidista publicada el 31 de agosto, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sostuvo que si EU volviera a sufrir un ataque de consecuencias comparables a las del 11-S, probablemente sería ejecutado mediante métodos distintos a los utilizados en 2001. Los legisladores advirtieron que una operación cibernética, un sabotaje contra infraestructura crítica o un ataque coordinado mediante nuevas tecnologías podría causar una crisis nacional de magnitud comparable.

La advertencia no se refiere solamente al terrorismo, incluye la posibilidad de que China interrumpa infraestructura estadounidense durante una guerra, que un agresor radicalizado actúe sin cómplices, que un dron ataque una concentración pública o que una operación digital paralice comunicaciones y servicios de emergencia.

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La Comisión estadounidense del 11-S examinó 2 millones y medio de páginas y entrevistó a más de mil 200 personas para establecer que los datos necesarios para descubrir la conspiración estaban repartidos entre distintas oficinas. “Los atentados del 11-S revelaron cuatro tipos de fallas: de anticipación, de política, de capacidades y de administración”, concluyó la comisión.

La psicóloga Roxane Cohen Silver, responsable de un estudio nacional sobre el daño emocional, explicó que los terroristas que atacaron las Torres Gemelas de Nueva York “hicieron mucho más que destruir edificios y matar a miles: quebraron nuestra sensación de seguridad y alteraron el tejido social del país”. El miedo preparó a la sociedad para aceptar poderes extraordinarios contra sus libertades, incluyendo revisiones y medidas más estrictas en los aeropuertos del país.

La obligación de anticiparse llevó la respuesta estadounidense mucho más allá de sus fronteras. La invasión de Afganistán buscó destruir el refugio de Al-Qaeda y capturar a Osama bin Laden; la invasión de Irak se justificó mediante afirmaciones sobre armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. La CIA estableció prisiones clandestinas y aplicó interrogatorios que el Senado documentó como brutales, desorganizados e incapaces de producir muchos de los resultados que sus responsables atribuyeron después a la tortura. Más de 7 mil militares estadounidenses murieron en las guerras posteriores al 11-S y el costo acumulado superó varios billones de dólares. Durante este cuarto de siglo no ha vuelto a ocurrir en EU un atentado organizado desde el extranjero con la escala y complejidad del 11-S. Bruce Hoffman, investigador principal sobre contraterrorismo del Consejo de Relaciones Exteriores, considera ese resultado uno de los mayores logros de la seguridad estadounidense.

Sin embargo, en su testimonio de mayo ante el Congreso advirtió que “estamos perdiendo experiencia, conocimientos y memoria institucional”, refiriéndose a que los agentes que participaron en las investigaciones iniciales se retiran, los analistas especializados compiten por un mejor presupuesto y por la atención en las unidades dedicadas a China, Rusia, Irán, la frontera y la seguridad informática.

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Al-Qaeda y el Estado Islámico ya no poseen la misma libertad para entrenar a grupos de agentes especiales en el extranjero y enviarlos a ejecutar una operación compleja. La Evaluación Anual de Amenazas de 2026 señala que ambas organizaciones se concentran en propaganda, reclutamiento virtual e instrucciones dirigidas a simpatizantes que viven en Occidente. Seth G. Jones, presidente del Departamento de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, explicó ante la Cámara de Representantes que “ya no existe una amenaza dominante como Al-Qaeda; lo que hoy tenemos son grupos formales detectados, redes flexibles que aparecen y desaparecen y actores solitarios”.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense encontró que los casos del FBI relacionados con terrorismo doméstico pasaron de mil 981 en 2013 a 9 mil 49 en 2021, un aumento de 357%. La administración de Joe Biden identificó al supremacismo racial y a las milicias violentas como las amenazas internas más persistentes. Donald Trump mantuvo el terrorismo doméstico como prioridad y cambió el objetivo político: un memorándum presidencial de septiembre de 2025 ordenó investigar la violencia atribuida a redes antifascistas, grupos opuestos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y organizaciones acusadas de financiar disturbios.

Las Fuerzas Conjuntas contra el Terrorismo comenzaron a rastrear dirigentes, donantes y flujos financieros; el mismo poder concebido para localizar células de Al-Qaeda hoy investiga protestas, organizaciones civiles y adversarios ideológicos.

Amenaza tecnológica

Frank Cilluffo, director del Instituto McCrary de Seguridad Cibernética e Infraestructura Crítica de la Universidad de Auburn, expuso ante el Congreso la diferencia de hoy con 2001: “Hace 25 años, los terroristas utilizaron la aviación comercial como arma; hoy, los adversarios buscan utilizar los sistemas tecnológicos y digitales de los que depende la sociedad”.

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Su testimonio señaló una falla concreta: los agresores organizan sus accesos informáticos como parte de una campaña y EU suele investigarlos como incidentes separados. Una penetración en una empresa de telecomunicaciones puede parecer espionaje, pero otra dentro de una compañía eléctrica puede atribuirse a delincuentes. El propósito se vuelve visible cuando ambas permiten interrumpir llamadas de emergencia, pagos y distribución de energía durante la misma crisis. “Gran parte de la infraestructura pertenece a empresas privadas con niveles de protección distintos y las agencias gubernamentales no pueden defender sistemas que desconocen ni interpretar datos si se reciben demasiado tarde”, subraya Ortiz.

Dos campañas cibernéticas atribuidas a grupos vinculados con China mostraron el alcance de la vulnerabilidad; Volt Typhoon consiguió mantener accesos dentro de infraestructura crítica que podrían utilizarse para interrumpir servicios durante una confrontación. Salt Typhoon penetró empresas de telecomunicaciones y obtuvo registros de llamadas y algunas comunicaciones privadas. No fueron ataques destructivos, pero demostraron que operadores extranjeros podían permanecer durante largos periodos dentro de sistemas esenciales de EU.

Mientras tanto, Trump dio un lugar central en la política de seguridad nacional a la guerra contra los cárteles de la droga, a los que clasifica como narcoterroristas.

“Esta designación permite bloquear activos y acusar de apoyo material al terrorismo a quienes proporcionen dinero, armas, transporte o determinados servicios para sus acciones”, señala Ortiz. Convertir a los cárteles mexicanos en organizaciones terroristas amplió la presión financiera y redujo la distancia política entre una investigación penal y una operación militar”. La designación terrorista no es la autorización formal, pero ayuda a presentar a los cárteles como enemigos militares y a sus integrantes como combatientes.

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