Proyecto de Plan General de Desarrollo de la CDMX incluye la regulación de rentas

El proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), que fue publicado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) y se somete a consulta pública hasta el 10 de enero, contempla la regulación de rentas, control de precios, la transformación de usos de suelo mixto con cuotas públicas y control social y un Índice de Alquiler Razonable en Zonas de Tensión Inmobiliaria.

El documento señala que la Ciudad enfrenta las consecuencias de un proceso histórico de concentración del suelo en pocas manos, lo que ha propiciado la especulación inmobiliaria y la ausencia de un parque habitacional público.

Se precisa que la ausencia de mecanismos eficaces de gestión intersectorial del suelo y de regulación de rentas, junto con la falta de una política integral de vivienda en renta social o cooperativa limita las alternativas de acceso a la propiedad, lo que provoca el vaciamiento de zonas centrales y contribuye al desplazamiento de habitantes, debilitando la protección del derecho al arraigo y favoreciendo la especulación.

Ante esto, se propone a corto plazo que en zonas con alta presión y sobrevaloración del mercado inmobiliario se desarrollen medidas para frenar la especulación y promover la producción de vivienda asequible, en alianza con el sector privado; además se implementará un Índice de Precios de Alquiler Razonable para orientar la estabilización de rentas y las intervenciones públicas en esas zonas.

Estas y otras estrategias, según el proyecto, permitirán revertir el rezago habitacional a 3.6%, garantizar el acceso efectivo y diversificado a una vivienda adecuada, consolidar entornos seguros y habitables con una reducción del hacinamiento a 21.9%, y avanzar hacia la regularización jurídica, disminuyendo a 15.1% las casas propias o en proceso de pago que aún carecen de escrituras.

“En el corto plazo, la Ciudad implementará una estrategia centrada en garantizar el acceso efectivo, equitativo y seguro a una vivienda adecuada y sostenible, priorizando a los sectores históricamente excluidos y las zonas de mayor precariedad.

“Se proyecta el impulso de al menos 80 mil acciones de vivienda nueva, rehabilitación y reconstrucción, así como 120 mil intervenciones de mejoramiento integral hacia 2030, con el objetivo de disminuir el hacinamiento, revertir el rezago habitacional de las personas que están en situación de alta marginación y diversificar las soluciones de acceso para quienes no pueden o no desean adquirir vivienda por medios formales”, añade el proyecto que desde ayer es consultado a los capitalinos.

En la introducción del proyecto se precisa que en total son 22 líneas de transformación articuladas que trazan el rumbo hacia un sistema de cuidados y hacia un modelo de urbanismo socio-ambiental. Están vinculadas con las acciones del Sistema Integral de Derechos Humanos para favorecer su cumplimiento progresivo, así como con los procesos de elaboración presupuestal.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso local, la panista Olivia Garza, señaló que este proyecto ya presenta dos ilegalidades: no haber sido aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación y no contar con un periodo de difusión.