Sin la presencia del PAN, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó la minuta federal que modifica el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poner fin a las llamadas “.

Este decreto pone límites a sueldos, jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos.

Al razonar su voto, la diputada local de Morena apuntó que las altas pensiones y jubilaciones representan un uso indebido del poder para construir privilegios económicos. Por ello, agregó el segundo piso de la transformación busca salvaguardar éstas con el establecimiento de límites, como un acto de justicia social hacia la población.

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“No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo. Los puestos públicos son encargos; son una responsabilidad frente a la nación, no una puerta de entrada para garantizar una pensión de privilegios de por vida”, puntualizó.

En su turno, la diputada Elvia Estrada calificó de necesaria esta reforma, ya que la mayoría de las personas jubiladas en México tienen que “estirar el dinero” para cubrir lo básico, en contraste de las pensiones exorbitantes en el sector público.

A su vez, el diputado Ernesto Villarreal, del PT, recordó que en los gobiernos neoliberales se distorsionó el servicio público y se construyó una estructura que dejó fuera a las y los trabajadores.

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“Mientras la mayoría apenas aspiraba a una jubilación básica, unos cuantos accedían a beneficios desproporcionados de cientos de miles y hasta de millones de pesos al mes”, expresó.

Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada está a favor de que se establezcan topes a las “pensiones doradas” porque superan hasta en 149 veces el promedio nacional de las pensiones. Sin embargo, consideró que esta propuesta no se elaboró bajo el esquema de una justicia intergeneracional.

“Mi generación trabaja hoy para pagar las pensiones de las generaciones que nos antecedieron, pero no tenemos asegurado cómo se van a financiar nuestras pensiones, ni siquiera tenemos asegurado si nos vamos a pensionar”, expresó.

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Omar García, del PRI, señaló que si bien es correcto el objetivo de la reforma, cambiar los acuerdos que se firmaron en el pasado genera incertidumbre y manda un mensaje preocupante.

“Reconocemos que es necesario ajustar las pensiones públicas, entendemos la importancia de evitar excesos y escuchamos la exigencia ciudadana de mayor austeridad. Pero también estamos convencidos de que estos objetivos deben de lograrse sin destruir la certeza jurídica sin pisotear derechos adquiridos y sin abrir la puerta a conflictos constitucionales”, expuso.

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